Una jueza no le permite a Trump bajar el martillo

Redacción AP

La jueza federal Susan Illston prohibió temporalmente al gobierno del presidente Donald Trump despedir a trabajadores durante el cierre de operaciones gubernamentales, asegurando que los recortes parecían tener motivos políticos y se estaban llevando a cabo sin mucha reflexión.

Illston, en San Francisco, presionó en repetidas ocasiones a la asistente del fiscal federal para que explicara la justificación del gobierno para los más de 4.100 avisos de despido que comenzaron a emitirse desde el viernes, a pesar de que los empleados suspendidos no tienen acceso a sus correos electrónicos de trabajo y no hay especialistas en recursos humanos que les brinden asistencia con los siguientes pasos.

“Prácticamente se trata de disparar contra la mayoría de estos programas, y esto tiene un costo humano”, afirmó. “Es un costo humano que no se puede tolerar”.

La jueza concedió una orden de restricción temporal que bloquea los recortes, señalando que creía que la evidencia finalmente demostraría que los recortes eran ilegales y un exceso a su autoridad.

La Casa Blanca remitió las solicitudes de comentarios de The Associated Press a la Oficina de Administración y Presupuesto, la cual no respondió de momento.

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La American Federation of Government Employees y otros sindicatos federales le habían solicitado a Illston que prohibiera que el gobierno emitiera nuevos avisos de despido e implementara aquellos que ya habían sido enviados. Los sindicatos indicaron que los despidos eran un abuso de poder con el objetivo de castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.

“El presidente parece pensar que su cierre del gobierno está distrayendo a la gente de las acciones perjudiciales e ilegales de su administración, pero el pueblo estadounidense lo está responsabilizando, incluso en los tribunales”, aseguró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de la organización legal Democracy Forward. “Nuestros servidores públicos hacen el trabajo del pueblo, y jugar con sus medios de vida es cruel e ilegal y una amenaza para todos en nuestra nación”.

La orden de Illston se produce en momentos en que el cierre, que comenzó el 1 de octubre, entra a su tercera semana.

Los legisladores demócratas exigen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno federal aborde sus demandas de atención médica. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, predijo que el cierre podría convertirse en el más largo de la historia, asegurando que “no negociaré” con los demócratas hasta que suspendan sus demandas y reanuden las operaciones del gobierno.

Los demócratas han exigido que los subsidios de atención médica, implementados por primera vez en 2021 y extendidos un año después, se extiendan nuevamente. También quieren que cualquier proyecto de ley de financiamiento del gobierno revierta los recortes de Medicaid que aparecen en la gran iniciativa de recortes de impuestos y gastos de Trump que se aprobó a mediados de este año.

El gobierno ha estado pagando al ejército y llevando a cabo detenciones de inmigrantes a gran escala mientras recorta empleos en salud y educación, incluidos en educación especial y programas extracurriculares. Trump declaró que los programas afectados son demócratas y “en muchos de los casos, no van a regresar nunca”.

En un documento judicial, el gobierno anunció que planea despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias.

En un caso relacionado, Illston le había prohibido al gobierno llevar a cabo gran parte de sus planes para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Pero la Corte Suprema dijo que la Casa Blanca podría continuar con el despido de empleados mientras se resuelve la demanda.

Los sindicatos dicen que los avisos de despido son un intento ilegal de presión política y represalia y se basan en la premisa falsa de que una interrupción temporal de fondos elimina la autorización del Congreso para los programas de las agencias.

La asistente del fiscal federal Elizabeth Hedges dijo en la corte que el tribunal de distrito carece de jurisdicción para escuchar decisiones de empleo tomadas por agencias federales. Ante la presión de la jueza, Hedges dijo que no estaba preparada para discutir los méritos del caso, sólo las razones por las que no debería emitirse una orden de restricción temporal.

Illston fue nominada al tribunal por el expresidente Bill Clinton, un demócrata.