Tras la renuncia del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, la Justicia puso la mira en su entorno, en medio de la investigación por el presunto esquema paralelo que habría permitido anular fotomultas a cambio del pago de un porcentaje del monto de la infracción y por una denuncia sobre supuestas irregularidades en licitaciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Más allá de las responsabilidades que podrían caberle a D’Onofrio, los reflectores apuntaron también a otros funcionarios, entre ellos el ahora ex juez provincial de faltas ante el Juzgado Provincial de La Plata y San Isidro, Mario Quattrochi, quien quedó en medio del escándalo y ayer el flamante ministro Martín Marinucci decidió apartarlo del cargo.
A Quattrochi, que tenía las oficinas del juzgado en 7 entre 42 y 43, lo vinculan con las fotomultas por la existencia de presuntos gestores ilegales que ofrecían a los infractores eliminar la sanción del sistema a cambio del pago de un porcentaje de la multa, pero también lo investigan por presunto lavado de dinero.
El fiscal Álvaro Garganta, que lleva adelante el caso, cree que rebajaba el pago a más de la mitad de multas abultadas de los Juzgados de Faltas municipales de varios municipios bonaerenses. Lo que pagaba el infractor, se estima, se repartía entre funcionarios y gestores, haciendo perder recaudación a la Provincia.
Desde Transporte se informó que desde que asumió Marinucci se intimó formalmente a los intendentes de los municipios adheridos al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT) a que ratifiquen o rectifiquen los usuarios del sistema en un plazo de 72 horas y a los Juzgados provinciales de igual manera pero en un plazo de 48 horas. Luego de aplicada esta acción, se procedió a un ordenamiento de los usuarios, con lo cual se dio de baja el rol juez a 8 usuarios que correspondían a secretarios y prosecretarios de los juzgados provinciales, a 15 usuarios que correspondían a secretarios, prosecretarios y orientadores de los juzgados municipales, a 15 usuarios provinciales de los distintos juzgados y a 47 usuarios municipales de los distintos juzgados.
Otros apuntados son Claudia Pombo, mano derecha del ex ministro y presidenta del Concejo Deliberante de Pilar hasta que estalló el escándalo. Bajo la mira de la Justicia también aparece Roxana Pombo, hermana de Claudia, también concejal de Unión por la Patria y que en 2024 había sido designada por D’Onofrio como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias.
En este marco, la Justicia viene avanzado en la investigación sobre D’Onofrio y días atrás efectivos de Prefectura Naval allanaron el Sheraton Pilar, donde operaba una financiera sospechada de lavar dinero mediante contratos irregulares.
El procedimiento fue ordenado por el juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, quien investiga al ex ministro y a Claudia Pombo.
SUSCRIBITE a esta promo especial