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Dentro de los juicios por los créditos UVA, uno de los casos que más tomó notoriedad recientemente fue la decisión de una cámara que obligó a un banco a informar el costo financiero total (CFT), lo que incluye la cláusula de ajuste CER/UVA. Esto podría desatar una cadena de acciones judiciales y una resistencia que, según los abogados involucrados, podría ser clave para revertir la situación de los hipotecados.
El conflicto comenzó el año pasado cuando, por orden judicial, se instó al Banco Provincia de Buenos Aires a informar el costo financiero total de los créditos, un aspecto esencial para entender la magnitud de la deuda, especialmente por el impacto del ajuste CER/UVA que incrementó exponencialmente los montos a pagar. Sin embargo, según la causa, la entidad financiera presentó información incompleta y se negó a entregar los datos completos, de forma que —conforme fuentes judiciales— "violó" así la orden original. Ante esta negativa, la Cámara de Apelaciones Sala II de La Plata intervino y, al apelar, ordenó que se entregara la información de manera detallada, tal como lo habían solicitado los hipotecados.
La situación tomó un giro inesperado, de acuerdo a la información a la que accedió EL DIA, cuando el juez de primera instancia, encargado de hacer cumplir la sentencia, no solo permitió que el banco "no cumpla con la orden de la Cámara", sino que, además, "evitó sancionar al banco por incumplir porque consideró que la medida estaba cumplida". Según los afectados y los abogados que siguen el caso, "esta actitud resulta inaceptable, ya que se trataba de una clara violación de la ley".
El abogado Lorenzo Matus, que trabaja en otros casos de hipotecados UVA, señaló que "esta negativa a entregar la información sobre el costo financiero total está impidiendo que los perjudicados puedan presentar una demanda legal bien fundamentada contra el banco". Sin estos datos clave, tal como citan las fuentes, "los hipotecados no pueden defenderse ni calcular adecuadamente el impacto del ajuste sobre sus deudas, lo que complica la posibilidad de obtener justicia".
La resistencia del banco a cumplir con la orden judicial de la Cámara tiene una explicación directa conforme denuncian los afectados: "Si se lograra obtener la información completa sobre el costo financiero total, el banco podría verse obligado a reducir drásticamente el monto adeudado, ya que si se demuestra que los datos fueron ocultados o incorrectamente presentados, perderían la validez de la cláusula de ajuste, la cual está atada a la inflación y que, en muchos casos, ha sido desproporcionadamente elevada".
Lo que está en juego, según el abogado, es mucho más que un simple trámite legal. "Es necesario obtener el costo financiero total para poder armar la demanda y defenderse", explicó al señalar que, en la práctica, el banco se niega a brindar información en este caso como sucede con otros bancos en otros partidos bonaerenses y también Capital Federal. "Esto deja a los hipotecados en una situación de total desprotección, sin las herramientas legales para cuestionar lo que consideran un trato injusto", enfatizan.
La medida de la Cámara, aunque firme, ha encontrado obstáculos en la falta de cumplimiento tanto por parte del banco como del juez de primera instancia, quien a pesar de tener la orden judicial, no ejecuta las sanciones necesarias. Esto ha llevado a los afectados a recurrir a una recusación del juez, al que acusan no solo de no cumplir con la ley, sino de adelantar su opinión y proteger al banco, dificultando aún más el acceso a la información vital para los hipotecados.
El hecho de que el banco tenga que firmar un documento oficial con el costo financiero total es visto como una “confesión” que podría poner fin al problema. Por eso, según los abogados, la resistencia del banco y la falta de cumplimiento de la ley podrían tener un impacto directo en la resolución de este juicio, ya que si el banco se ve obligado a entregar la información requerida, el panorama cambiaría radicalmente para los afectados.
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