El ICE en Estados Unidos ahora podrá allanar las casas sin órden judicial en busca de migrantes

Un reciente memorando firmado por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, ha desatado una fuerte polémica, revelando que los agentes de ICE pueden ingresar a viviendas sin necesidad de una orden judicial, basándose únicamente en sospechas. Este cambio drástico en las políticas migratorias se ampara en una antigua ley de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, que otorga a las autoridades la facultad de evadir las protecciones constitucionales más básicas.

El memorando, fechado el 14 de marzo, establece que los agentes pueden realizar allanamientos sin una orden si obtenerla se considera "impracticable". La directiva incluso permite que los propios oficiales firmen sus órdenes administrativas, eliminando la intervención de un juez. El estándar de evidencia es bajo: basta con una "creencia razonable" de que la persona está vinculada a una pandilla, como el Tren de Aragua, una organización venezolana recientemente designada como terrorista.

Expertos en derechos civiles y en inmigración han criticado enérgicamente la medida, alertando sobre los riesgos que conlleva. "El hogar es el espacio más protegido por la Constitución. Con estas acusaciones, el gobierno podría derribar la puerta de cualquier persona", señaló Monique Sherman, abogada especializada en inmigración.

El memorando fue filtrado por el grupo de vigilancia Property of the People, que obtuvo el documento mediante una solicitud de registros públicos. La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) ha denunciado la medida como una violación directa de la Cuarta Enmienda, que protege contra los registros y allanamientos arbitrarios.

El Departamento de Justicia ha dejado claro que cualquier persona etiquetada como "enemigo alienígena" puede ser deportada sin derecho a audiencia, apelación ni revisión judicial. Esto ha generado una ola de impugnaciones judiciales. Recientemente, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que los detenidos deben poder impugnar su deportación antes de ser expulsados, y en Colorado, un juez bloqueó las deportaciones de 100 venezolanos.

La polémica no se limita solo a la legalidad de las redadas. El memorando incluye una guía que asigna puntos a personas sospechosas de pertenecer a pandillas, basándose en criterios vagos como tatuajes, ropa o incluso llamadas telefónicas. "Es probable que esto sea impugnado en los tribunales. Permitiría realizar registros sin orden judicial", afirmó Kathleen Bush-Joseph, analista legal del Instituto de Política Migratoria.

Desde la emisión de este memorando, la administración Trump ha firmado acuerdos con 456 departamentos de policía locales, autorizando a los oficiales a actuar como agentes de inmigración, lo que ha transformado las patrullas rutinarias en potenciales redadas migratorias.

Aunque el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional, los tribunales ya están interviniendo. Existen órdenes de restricción en estados como Nueva York, Texas y Colorado, bloqueando las deportaciones impulsadas por esta directiva.

La gran interrogante sigue siendo si la Ley de Enemigos Extranjeros, creada en tiempos de John Adams, puede realmente otorgar a Trump el poder de expulsar inmigrantes sin una audiencia judicial. Por ahora, los tribunales parecen no estar de acuerdo con esta interpretación.