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El 3% del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero proviene del transporte marítimo. El esfuerzo por reducirlas y los desacuerdos que lo impiden
El impuesto al carbono divide opiniones / pixabay
Alrededor del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del transporte marítimo y aunque los países de la Organización Marítima Internacional se comprometieron a alcanzar gradualmente la neutralidad en carbono para 2050, ese objetivo está todavía muy lejos y los desacuerdos en torno a cómo lograrlo dividen a las naciones integrantes del organismo.
En ese contexto, la búsqueda de un acuerdo aparece como una cuestión urgente cuando el cambio climático favorecido por las emisiones de gases de efecto invernadero avanza. Pero para los países integrantes de la OMI el problema es cómo lograr una reducción de esas emisiones sin afectar el comercio internacional ni poner en juego la seguridad alimentaria de las poblaciones.
Alrededor de este eje central se desarrollará a partir de mañana la reunión de los países integrantes de la organización en Londres, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo.
Los miembros de la OMI se comprometieron a adoptar antes del final de este año medidas para alcanzar gradualmente la neutralidad en carbono para 2050, con una reducción del 40% en 2030 en comparación con 2008, y del 80% en 2040.
Sin embargo, las diferencias entre los países siguen siendo profundas. La reunión que empieza mañana, el llamado Comité de Protección del Medio Marino (MEPC-83), aspira a alcanzar un acuerdo el viernes.
La posición de Estados Unidos es una incógnita porqué todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión desde la llegada al poder de la administración republicana de Donald Trump.
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“Es difícil decir qué sucederá la próxima semana”, señala Fanny Pointet de la Federación Europea de Transporte y Medioambiente, y apunta que las posiciones se dividen en tres grupos.
El primero, liderado por los estados insulares del Pacífico y del Caribe, al que se han unido otros países como el Reino Unido, reclama un sistema de impuestos al carbono, siguiendo el principio de “quien contamina, paga” aplicado a los barcos.
Los ingresos de este impuesto serían luego redistribuidos en beneficio de los países más vulnerables al cambio climático para financiar su transición energética.
“El cambio climático es una realidad aterradora y vivida por mi país”, asegura Albon Ishoda, el embajador de las Islas Marshall ante la OMI.
Un segundo grupo, compuesto por una quincena de países, entre ellos Brasil y China, se opone firmemente a dicho impuesto.
Según este grupo, aumentaría las desigualdades entre países y pondría en riesgo la seguridad alimentaria al incrementar el costo del transporte de mercancías básicas, como el aceite de palma, los cereales o el maíz.
Inicialmente favorable al impuesto al carbono propuesto por el primer grupo, la Unión Europea propone una tercera vía, en forma de compromiso, con la creación de un mercado mundial de créditos de carbono que se acerque a la propia legislación ya existente de la UE.
El grupo de investigación sobre el transporte marítimo y los océanos de la University College London (UCL) considera, sin embargo, que un sistema de este tipo “puede llevar a condiciones de competencia desleales”, favoreciendo a los países “con políticas industriales y ayudas estatales”, particularmente China.
Según los investigadores, la transición “más rápida y menos costosa” se lograría “gracias a un impuesto alto sobre las emisiones”, así como una norma que establezca el objetivo de reducción progresiva del gasoil y determine qué combustibles alternativos están permitidos.
Fanny Pointet advierte que, en ausencia de criterios sobre estos combustibles alternativos, se podrían terminar utilizando algunos a base de aceite de palma y de soja, asociados a emisiones indirectas debido a la deforestación.
Brasil defiende el papel clave de estos biocarburantes. Sin embargo, más de 60 oenegés de protección del medioambiente se han manifestado en contra de su inclusión en la futura mezcla energética del transporte marítimo.
Las asociaciones buscan promover otras soluciones, como carburantes sintéticos a base de hidrógeno, muy costosos de producir, o instalaciones de propulsión eólica en los barcos.
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