El Gobierno apeló el fallo que obliga a entregar las acciones de YPF

El Gobierno argentino apeló el fallo de la jueza Loretta Prezka que ordenó la entrega de las acciones de YPF para pagar la sentencia de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la empresa a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La decisión se formalizó mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, Estados Unidos.

La apelación se presentó sin esperar la definición de la jueza Loretta Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.

El miércoles, a través de la Procuración del Tesoro, se presentaron dos escritos ante el juzgado del distrito sur de Manhattan, con el objetivo de suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso ante una instancia superior.

Lo primero que hizo la Argentina después del fallo histórico de la semana pasada, en el cual la jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que el país debe entregar su 51% de YPF a los fondos Burford Capital e Eton Park, fue presentar un pedido para que se suspenda la sentencia hasta que no se resuelva la apelación, que finalmente se presentó este jueves 10 de julio.

A su vez, lo que hicieron esos fondos, que demandaron al país por la estatización de la petrolera, fue oponerse con sendas presentaciones a la solicitud de Argentina. Lo mismo hizo el fondo Bainbridge, que tiene una demanda aparte, por el default de 2001, pero a quien la jueza también le otorgó acciones de YPF.

En respuesta, el martes a la noche, Argentina envió al juzgado dos escritos contra los argumentos de los fondos, a la espera de que Preska dé su opinión sobre la suspensión. Javier Milei dijo ayer que “el fallo no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”.

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