El rediseño del mapa electoral que agita a Texas y California

En un democracia consolidada desde su fundación, cualquier “trampita” electoral -que las hay- desata revuelo. No importa que remita a un Tercer Mundo, donde suelen pasar estas tretas. Por eso, la redistritación en EE UU, el proceso de redibujar los mapas electorales tras cada censo, se ha convertido en una de las batallas políticas más intensas de la actualidad. Aunque oficialmente busca ajustar la representación a los cambios demográficos, en la práctica es una herramienta que los partidos utilizan para preservar o ampliar su poder. La polémica se reaviva en cada ciclo, pero hoy tiene un escenario particularmente visible en Texas y California, donde los gobernadores han convertido el tema en un símbolo de sus visiones opuestas del país.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott respalda un rediseño de distritos impulsado por la legislatura estatal de su partido. Este mapa ha sido criticado por organizaciones de derechos civiles y por el Partido Demócrata, que acusan a los republicanos de practicar un gerrymandering, manipulación que diluye el peso de las minorías. Pese a que el último censo mostró un fuerte crecimiento de la población latina y afroamericana, los nuevos límites electorales han reforzado la ventaja republicana. Así, distritos urbanos y suburbanos con electores diversos han sido fraccionados o reconfigurados de manera que su influencia se reduce, garantizando más escaños seguros para los conservadores. Abbott defiende que el rediseño cumple con la ley y asegura una representación “justa”, pero para la oposición se trata de un claro intento de blindar el poder republicano en un Estado cada vez más competitivo.

En contraste, California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, exhibe un modelo muy distinto. Allí, la redistritación está en manos de una comisión ciudadana independiente, creada para evitar el control directo de los partidos. Newsom y otros líderes demócratas destacan este sistema como ejemplo de transparencia y equilibrio democrático, en oposición al “partidismo descarado” de Texas. No obstante, críticos republicanos y algunos analistas sostienen que incluso este esquema, aunque más abierto, termina favoreciendo al bloque demócrata, ya que las dinámicas poblacionales en el Estado tienden a consolidar mayorías progresistas en las grandes ciudades y áreas costeras.

La disputa ha escalado al plano político nacional. Abbott acusa a California de disfrazar su propio sesgo con un barniz de imparcialidad, mientras que Newsom señala a Texas como emblema de un “ataque a la representación de las minorías”.

UN PAÍS FRACTURADO

La tensión entre ambos gobernadores refleja la fractura del país: dos modelos de democracia electoral que se enfrentan no solo en los mapas, sino también en la narrativa pública sobre lo que significa garantizar una voz justa para los votantes.

El debate sobre la redistritación no es menor. Están en juego decenas de bancas en la Cámara de Representantes y, por lo tanto, el equilibrio de poder en Washington. Cada línea trazada en un mapa puede determinar qué partido controla el Congreso y, en consecuencia, la agenda legislativa nacional. Así, lo que parece una cuestión técnica se convierte en una importante pulseada estratégica.

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Hoy, Texas y California representan las dos caras del problema: un Estado que usa la redistritación como instrumento de dominio partidario, y otro que se presenta como adalid de la independencia institucional. Así, ambos son señalados por manipular la geografía electoral a favor de sus intereses.