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Gobernadores dialoguistas le plantearon al Gobierno que la reducción del tributo a sociedades se trate en un proyecto fiscal aparte y se aplique en dos etapas. Cómo sería el proceso
Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio / Web
El Gobierno busca que el Senado trate el miércoles 11 de febrero la reforma laboral, un proyecto que en términos generales cuenta con el respaldo de los gobernadores aliados. Sin embargo, la negociación sigue empantanada en un capítulo fiscal sensible: la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades.
Frente a ese obstáculo, los mandatarios dialoguistas acercaron una propuesta alternativa a la Casa Rosada. Plantean retirar la modificación de Ganancias del paquete laboral y convertirla en un proyecto impositivo independiente, además de escalonar su aplicación en el tiempo.
Según fuentes al tanto de las conversaciones, la iniciativa prevé postergar la reducción dos años y dividirla en partes iguales: 50% en 2027 y 50% en 2028. El proyecto original del Ejecutivo propone bajar las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.
La idea de los gobernadores es desacoplar el debate laboral del impacto fiscal inmediato. “Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente que participa de las negociaciones.
Entre quienes impulsan esta alternativa figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), junto a otros mandatarios peronistas dialoguistas como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán).
Los gobernadores sostienen que la caída de la recaudación nacional de los últimos meses vuelve riesgoso aplicar una baja impositiva de manera inmediata. Argumentan que el recorte afectaría no solo a la Nación, sino también al financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a las arcas provinciales.
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En los cálculos de las provincias aliadas, el proyecto de modernización laboral tiene un costo fiscal total de $2,6 billones. De ese monto, $1,5 billones —equivalentes al 0,15% del PBI— recaerían sobre provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro nacional dejaría de percibir $1,069 billones (0,10% del PBI), mientras que los fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) perderían $26.556 millones.
El contexto fiscal alimenta la cautela de los mandatarios. En enero, los ingresos tributarios alcanzaron $18,4 billones, según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una suba interanual del 22%. Sin embargo, la inflación del período fue del 31,4%, lo que implica una caída en términos reales. Entre las causas se señalan la reducción de retenciones al sector agropecuario y de aranceles a las importaciones.
Desde las provincias consideran que una baja adicional en Ganancias podría tensionar el superávit fiscal que el Gobierno exhibe como eje de su programa económico.
Pese a las objeciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó públicamente su apoyo a la rebaja del impuesto. Durante una reciente gira de entrevistas sostuvo que el Ejecutivo impulsa la iniciativa, pero remarcó que la decisión final corresponde al Congreso.
“Yo propongo y la mesa política trata de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, afirmó.
En paralelo, algunas provincias interpretan que el propio escenario de ingresos en baja podría volver funcional una implementación más gradual. Según una fuente provincial, un esquema en dos etapas permitiría aliviar el impacto fiscal inmediato sin clausurar la reforma.
Otra opción que circuló en la mesa de negociación fue condicionar la baja del impuesto a una variable económica, como el nivel de actividad. El objetivo sería compensar la pérdida de recursos a través de una mayor recaudación de IVA.
Esa alternativa, impulsada por asesores tributarios vinculados a la futura reforma impositiva integral que el Gobierno prometió presentar, aún no logró consenso entre las provincias.
Mientras continúan las conversaciones, el capítulo de Ganancias se mantiene como la pieza más sensible de la reforma laboral. El acuerdo sobre su tratamiento podría definir no solo el ritmo del proyecto en el Senado, sino también el equilibrio entre la agenda de reformas y la situación fiscal en 2026.
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