Ante la creciente preocupación por las constantes amenazas de tiroteos y actos de intimidación pública en las escuelas, las autoridades judiciales y de seguridad comenzaron a aplicar una medida drástica para frenar este fenómeno: el secuestro preventivo de los teléfonos celulares de los jóvenes involucrados.
En la provincia se registraron cerca de 1.000 denuncias sobre este tema en poco más de una semana.
Según pudo saber este diario, esta estrategia surge como una respuesta directa a lo que muchos adolescentes consideran erróneamente una “broma”, pero que legalmente constituye un delito de intimidación pública con graves perjuicios para la comunidad educativa.
Según fuentes cercanas a los procesos de investigación, el objetivo es generar un efecto disuasorio inmediato.
La lógica detrás de esta medida es simple pero efectiva, basada en el fuerte vínculo emocional y social que los jóvenes mantienen con la tecnología. “A los adolescentes, cuando les sacás el teléfono, les sacás la vida”, señaló un portavoz de la investigación, subrayando que la pérdida del dispositivo es, en muchos casos, una consecuencia más temida que el proceso legal en sí.
El protocolo actual no solo se limita al secuestro de armas de fuego cuando la situación lo amerita, sino que prioriza la incautación de los teléfonos móviles de los menores que participan en estas conductas. Una vez que los dispositivos están en manos de la justicia se procede al procesamiento de los responsables; determinación de la punibilidad (según la edad y el caso particular); investigación del contenido para determinar el origen de las amenazas.
Las denuncias de estos episodios recaen en la Fiscalía de Menores, a cargo de la jueza Carmen Ibarra, siempre que los identificados en los episodios sean menores de edad.
En las últimas horas en la provincia de Buenos Aires se radicaron unas 1.000 denuncias por pintadas, carteles y fotografías con armas en redes sociales.
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