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Policiales |UN AÑO DE LABOR JUDICIAL

Ampliaron el procesamiento por el fentanilo contaminado

Ampliaron el procesamiento por el fentanilo contaminado

García Furfaro

14 de Mayo de 2026 | 03:37
Edición impresa

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata dictaminó ayer la ampliación del procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga las víctimas que dejó el fentanilo contaminado.

Conforme al documento oficial, García Furfaro es considerado “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor”.

“Estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025”, remarcaron los allegados a la investigación.

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons.

Familiares de las víctimas recordaron que “a un año del inicio del expediente judicial (13 de mayo de 2025), la fecha exige una reflexión pública no solo por la magnitud de la crisis sanitaria investigada, sino también por las profundas debilidades institucionales que el caso dejó expuestas y por los interrogantes urgentes que plantea sobre las reformas necesarias para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en Argentina”.

 

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