Ordenaron la detención del cura Grassi por corrupción de menores

JULIO CÉSAR GRASSI TIENE UNA CONDENA A 15 AÑOS DE PRISIÓN, PERO POR AHORA ESTÁ EN LIBERTAD

La Cámara en lo Penal de Morón ordenó ayer la detención del sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores, aunque la medida recién se hará efectiva una vez que quede firme.

Fuentes judiciales informaron que los camaristas Fabián Carodoso y Miriam Fernández ordenaron la detención del sacerdote, a raíz de un planteo de las querellas y la fiscalía ante la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, en que habría incurrido el sacerdote cuando le fue otorgado el beneficio.

Según las fuentes consultadas, esta decisión no se trata de una detención en lo inmediato, sino que ello ocurrirá una vez que dicha resolución sea confirmada por instancias superiores.

Juan Pablo Gallego, abogado querellante, consideró que este pedido de detención “es un avance procesal” en la causa.

“HAY QUE CONDUCIRLO A LA CARCEL”

Al respecto, el letrado expresó: “No queda otra opción que conducirlo a la cárcel. Hay un abusador sexual condenado en segunda instancia”.

“Son fallos que nos dan aliento, porque nos dan la razón. Pero sin el cumplimiento efectivo”, consideró Gallego.

En ese sentido, el abogado sostuvo que “hay un gran poder económico detrás de este sujeto”.

El año pasado, el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón aplicó la detención domiciliaria de Grassi, porque el sacerdote violó las reglas de conducta, como el haber ingresado –pese a tenerlo prohibido- a la Fundación Felices los Niños.

También por haberse referido públicamente a las víctimas, en el caso dos de los adolescentes por los cuales fue condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores.

Esa resolución, en junio pasado había sido decretada nula, lo que motivó a las querellas y la fiscalía de Morón planteos que ahora la Sala I de la Cámara en lo Penal de Morón sí hizo lugar.

En 2010, Grassi fue condenado a 15 años de prisión tras ser encontrado responsable por los delitos de “abuso sexual agravado, y corrupción de menores agravada por su condición de sacerdote”.

Pero la detención no se hizo efectiva, ni siquiera cuando la Cámara de Casación confirmó la condena, al considerar que no era éste el Tribunal que tenía que expedirse sobre la detención.

Ahora, el caso de fondo está a estudio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.