ADELA SEGARRA

Toda la semana se habló de Adela Segarra. Su nombre -como su cara- era casi desconocido fuera de los ámbitos estrictamente legislativos. Pero se hizo “famosa” en una entrevista radial con Marcelo Longobardi, donde quedó en evidencia que cuando votó la estatización de la ex Ciccone Calcográfica no sabía de quién era la empresa y, en consecuencia, a quién se la estaba “comprando” o “expropiando” el Estado. En realidad, la anécdota desnuda, una vez más, el punto si se quiere más oscuro del proceso que se siguió con la imprenta que había pertenecido a la familia Ciccone.

Lo que se sabe, concretamente, es que los Ciccone quebraron; la Afip -tras una gestión de Amado Boudou como ministro de Economía- pidió el levantamiento de la quiebra y, a partir de ahí, se allanó el camino para una sospechosa transferencia a un fondo de inversión que se llama “The Old Fund” y que es presidido por el misterioso Alejandro Vandenbroele, un monotributista sin capital propio.

¿Quiénes son los dueños de The Old Fund? Esto es lo que nunca se ha podido determinar. La Justicia sospecha que detrás de ese Fondo están Boudou y su socio Núñez Carmona. Por eso es que la pregunta más incómoda en todo este proceso es ¿a quién se le estatizó la empresa?

Cualquier proceso de estatización implica el pago a los dueños privados de una indemnización. El caso típico y reciente es el de Repsol. Cuando se estatizó YPF se le sacó la empresa a la compañía española Repsol que, hasta ese momento, tenía la mayoría accionaria. Se negoció y se llegó a un acuerdo para pagarles por esa estatización.

En el caso de la ex Ciccone Calcográfica, ¿quién es Repsol? Es lo que nunca se ha aclarado. ¿El Estado le pagó a The Old Fund? La respuesta oficial es no. Pero ¿nadie reclamó por una empresa que le sacaba el Estado?

Si todas estas preguntas son llamativas, más llamativo sería cómo es que los diputados de la Nación votaron la estatización sin formularlas y sin tener claro, en definitiva, qué estaban votando.

Esto es lo que quedó al desnudo en la comentada entrevista a la diputada Segarra.

CONFUSION

En un balbuceo, la diputada insinuó que se le había estatizado a Ciccone, cuando lo único claro a esa altura es que los Ciccone ya no eran más los dueños de la empresa y se la habían transferido a The Old Fund.

Adela Segarra no es una legisladora más. Es la presidenta de la comisión de Juicio Político de Diputados. A ella le tocó el jueves pasado presidir el encuentro en el que el oficialismo rechazó los pedidos en contra del Vicepresidente.

“¿Usted sabía a quién le estaban comprando la empresa?”, le preguntó Longobardi.

La diputada se quedó muda. Y tras un incómodo silencio afirmó: “Nosotros estábamos estatizando Ciccone”.

“¿De quién era?”, insistió el periodista.

“... Me parecía bien que se estatice. Se la compramos a una empresa que estaba critica económicamente”, ensayó la diputada.

La oposición prepara ahora una nueva andanada en Diputados, con el propósito de que el oficialismo explique la estatización de la imprenta en medio del escándalo que ya involucraba directamente al Vicepresidente de la Nación.

Según fuentes parlamentarias, es probable que en la próxima sesión se presenten pedidos sobre tablas para volver a debatir los alcances de la estatización. Sin embargo, el oficialismo tiene la mayoría suficiente como para rechazar cualquier planteo en ese sentido, como ya lo hizo con los pedidos de juicio político que se presentaron contra Boudou.

Lo cierto es que las evasivas y silencios de la diputada Segarra volvieron a poner en primer plano la pregunta que nadie ha podido contestar hasta ahora. ¿De quién era la imprenta Ciccone cuando el Ejecutivo impulsó su estatización y el Congreso la aprobó?