A lo largo del último año se ha venido presentando en nuestra Región el anárquico e ilegal fenómeno de las usurpaciones de predios por parte de personas que se instalan en ellos y que, en cuestión de horas, demarcan parcelas y levantan viviendas precarias en abierta violación al precepto legal que consagra la propiedad privada. Sobrevuela, además, sobre este fenómeno la sospecha de la participación de “intermediarios” con supuestas conexiones políticas que aprovechándose de la desesperación de los desposeídos, “allanan” el camino para la obtención ilegal de terrenos.

Los incidentes, que en varias ocasiones alcanzaron magnitudes impensadas, suelen concluir con la generalmente tardía intervención de la Justicia que actúa una vez que las tomas están consolidadas, lo que dificulta aun más la normalización de las de por si complejas situaciones. Se ha visto, incluso, a funcionarios de alto rango judicial adoptar y equívocas posiciones en defensa de los ilegales.

Para decirlo en términos sencillos, se ha venido jugando con fuego -y eso mismo está sucediendo en estas jornadas en un sector de Los Hornos- a partir de un principio constitucional inalienable como lo es el derecho a la vivienda propia, que corresponde a todas las personas. De un derecho que, sin embargo, se pretende ejercer de manera desviada, pues en lugar de que se allane el camino de quienes carecen de techo, despejando las dificultades crediticias o de otra índole que puedan surgir para acceder a la titularidad legítima de terrenos aptos, se ha tolerado que grupos inescrupulosos e interesados se aprovechen del estado de necesidad de muchas personas, impulsándolos a actuar contra la ley y en muchos casos violando los derechos de terceros.

El Estado debe frenar estas muestras irracionales y atender sin demoras y con sensatez este tipo de emergencias sociales tan imperativas para la calidad de vida.

En la mayoría de los casos, existen propietarios legítimos de las tierras que son ocupada por intrusos y es para esas personas, que se sacrificaron durante años para acceder a una tierra propia, doloroso e ilegal que se las arrebaten sin ninguna razonabilidad. Como se ha dicho, esto puede estar ocurriendo con los terrenos ocupados de Los Hornos y es ahora responsabilidad de la justicia interviniente, si es el caso, restablecer en plenitud los derechos de los propietarios de esas parcelas.

Al margen de las características particulares de cada caso, se sabe en los últimos tiempos se registró una ola de usurpaciones que alcanzó al barrio de San Carlos, a otros barrios de Los Hornos, a City Bell, José Hernández o La Granja, entre otros lugares. Así, fueron numerosos los vecindarios que vieron de pronto ocupadas tierras fiscales o de propiedad privada, por parte de grupos de personas que, en forma habitualmente expeditiva comienzan a levantar casillas precarias en esos predios, suscitándose a partir de allí controversias de toda índole.

Se acaba de expresar que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona. Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos.

Se trata, este, de un problema complejo que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas. Lo que no se puede -ni se debe admitir- es el avasallamiento del derecho constitucional a la propiedad privada, ni tampoco el descarado aprovechamiento político de la desesperación de los más débiles.