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Las adicciones y los límites del Derecho
Por
Jose Maria Tau (*)
E l 7 de diciembre último el Poder Ejecutivo decretó la “Emergencia Nacional en materia de adicciones, con el objeto de atender el abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran afectadas por esta problemática…
Aunque grandilocuente, pero necesaria, suponemos que esa declaración permitirá destinar mayores recursos, aunque no menciona estrategias o acciones con las que se enfrentará tal problemática, fuera de invitar a las provincias a adherir.
En medio de una epidemia, sería pedante señalar errores de redacción, pero no puede dejar de advertirse el desacierto del tercer considerando, cuando expresa: “como contrapartida al avance del narcotráfico que se evidencia en las últimas décadas en nuestro país, se ha incrementado el consumo de drogas, lo que impacta en la salud de la ciudadanía… “
Ninguna “contrapartida”: hay narcotráfico porque hay demanda. Y hay mercado y demanda porque hay consumo y adicción.
La cuestión de las drogas exige ser considerada en el contexto de las adicciones para no transformarse en pretexto. Podríamos remontarnos hasta el nivel filosófico: en la era del vacío, del post-humanismo, de la post verdad (palabra del año según el Diccionario Oxford), cuando dioses, pecados y los demonios parecen muertos, el ansia de sentido nos sumerge a casi todos en alguna adicción que nos entretiene.
O encontrar las causas en el naufragio de los vínculos interpersonales y la crisis de la familia.
O en la necesidad de liberación: demasiada tensión existencial y el propio sistema no provee los medios para aflojarnos.
Cada uno agregue o tache lo que no corresponda.
Lo cierto es que nunca, como hasta ahora, Occidente conoció una moral y un derecho más permisivos. En la medida en que no dañe a los demás tenemos libertad “de”, para casi todo lo que se nos ocurra. Y quizá tampoco hubo nunca tantas adicciones. Algunas reconocidamente dañinas, como al alcohol o al tabaco. Otras aparentemente no tanto, al no comprometer la mente o el cuerpo en forma tan manifiesta: la pantalla, la comida, la imagen, el celu, el sexo, el gym, el trabajo, los fármacos.
Claro que ese argentino de cada tres que hoy lucha para sobrevivir en la pobreza, no puede darse demasiados lujos y padecerá alguna adicción acorde con su nivel adquisitivo. Seguramente por eso, más dañina.
Si el ordenamiento jurídico se ocupa de las adicciones, es porque la dependencia de sustancias compromete la libertad o la salud. El adicto (aquel que no puede liberarse por sí de tal dependencia) estaría enfermo en el más puro sentido de la “infirmitas” humana, noción antropológica antes que médica.
Pero el Derecho supone conductas en interferencia. No tiene mucho que hacer frente a quien se daña a sí mismo.
Respecto del tabaco y el alcohol pone condiciones y restricciones (y los grava con impuestos). Y establece penas y castigos para quien planta, elabora, procesa, vende o comercializa narcóticos, sustancias psicotrópicas, estupefacientes o “psicoativas” (no son sinónimos, y este Decreto no es demasiado preciso) que tienen en común la generación de dependencia.
Si somos realistas y sinceros el desafío quizá empiece por administrar nuestras propias adicciones aminorando su impacto psíquico y físico
Privilegiando la tutela de la salud, en 1989 la reforma del Código Penal previó menor sanción y hasta la sustitución de pena para quien consume, o al portador de una pequeña cantidad para uso personal, si se reconoce necesitado de rehabilitación y tratamiento.
Hace días Diputados dio media sanción al proyecto de ley que habilitaría el uso medicinal (no es apropiado hablar de “terapéutico”, porque no cura) del aceite de cannabis, autorizando la aplicación del derivado de esa planta y manteniendo la penalización para su cultivo. Un tema que merece mayores desarrollos.
Con mirar atentamente alrededor nos damos cuenta de los estragos que está causando en jóvenes y niños la dependencia de sustancias. Y lo peor que puede pasarnos, fuera de la indiferencia, es pensar que se solucionará sólo con represión.
La sociedad no podrá ganar ninguna “lucha contra el narcotráfico” mientras haya consumo y, como tal, demanda. El Derecho puede sólo llegar a morigerar, o contener, el flagelo del narcotráfico.
La cuestión -amplia y compleja- de las adicciones, interpela a quien quiera dejar a las nuevas generaciones una sociedad más sana, más cordial, menos amurallada.
Si somos realistas y sinceros, a nivel individual el desafío quizá empiece por administrar nuestras propias adicciones, evitando que sean demasiado dañinas, aminorando su impacto psíquico y físico.
Esa “gestión” personal de las conductas adictivas debería ser un objetivo primordial de la educación, para la construcción de una auténtica autonomía, que permita orientarse hacia la libertad, cultivar el anhelo de verdad y los valores.
En un mundo en el que lo único permanente es el cambio, la cuestión sería cómo orientar hacia la libertad frente a situaciones generalmente desconocidas para quienes ejercen responsabilidades educativas, por ser, precisamente, nuevas.
Podría parecer poco serio aludir aquí al amor. Pero casi todos sabemos que es lo que confiere auténtico sentido a la educación y puede rescatar de cualquier adicción.
El desafío es apasionante. No sólo para el próximo año -mientras dure la declarada “emergencia nacional”- sino para lo que nos quede por vivir.
(*) Abogado, vicepresidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica
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