Apuntarían a otros jefes policiales por la trama que reveló el asalto a Garro

Una sola jurisdicción policial, más de 90 objetivos fijos para cubrir con servicios adicionales o horas Polad. A medida que pasan los días, el entramado que reveló el asalto a la familia del intendente de La Plata, Julio Garro, en una vivienda del country Grand Bell de City Bell, sigue generando un gran revuelo dentro de la fuerza. Al punto que, más allá del reciente desplazamiento del titular de la comisaría primera y, de su segundo jefe, los investigadores apuntarían a otros funcionarios de alta jerarquía, a quienes podrían citar para pedirle algunas explicaciones sobre cuestiones que todavía aparecen como muy oscuras.

Ministerios y otras oficinas gubernamentales, bancos, financieras, dependencias judiciales, hospitales, empresas y grandes comercios, forman parte de un enorme listado de lugares donde se requiere presencia policial permanente.

Esa tarea, como se sabe, es realizada por agentes que están franco de servicio y que, a través de un sistema de rotación, permite completar los turnos de 24 horas.

Sin embargo, según se desprende de un minucioso análisis que encararon desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, no todos los efectivos que figuran en las planillas de adicionales efectivamente cumplían con esa función, aunque el servicio igual era facturado y cobrado “por alguien”, que después presuntamente se encargaba de repartir los excedentes dentro de una estructura de dudosa legalidad.

Más allá de que las horas Polad no se estarían pagando desde el mes de diciembre pasado, las sospechas más fuertes recaen precisamente sobre el suboficial Patricio Masana, quien, al menos por ahora, es el único detenido por el robo en la casa del jefe comunal platense.

Su vida de millonario, con lujos que no eran compatibles con los ingresos formales que percibía como suboficial de la fuerza, como por ejemplo alquilar un caserón de 40 mil pesos o andar en Mercedes Benz, lo dejaron en la mira de los auditores de Asuntos Internos, independientemente de las “ganancias” que pudo haber obtenido por su supuesta participación en el asalto a la casa de Garro.

Masana, se sabe, oficiaba desde hace tiempo como administrador de la comisaría primera y tenía amplias facultades para percibir las partidas derivadas de los adicionales, varias de ellas provenientes de la Torre Administrativa 2.

A esta altura de la pesquisa, se tendría más que claro que Masana no actuaba en soledad, a tal punto que fueron varios los que aseguraron que tendría “banca política y judicial” o, en otras palabras, “protección”. Eso es lo que ahora se intenta desentrañar. Para quiénes reportaba el detenido.

La maniobra que se investiga está centrada en la actuación de Masana como administrador, pero también -trascendió- se analiza el papel del coordinador de las Polad.

El primero, se señaló, “es quien completa las planillas con los datos del policía derivado a un control fijo, eleva la liquidación al Ministerio y deriva ese pago a la cuenta del agente o pasa a retirar el dinero para el pago en mano”.

El coordinador (por lo general el subcomisario de la dependencia), en tanto, “es el que supervisa y debe controlar que el número de policías asignados cumpla su tarea en los horarios y los lugares indicados”, explicaron voceros del caso.

Sin embargo, “se hacían figurar 20 uniformados por 10 horas; sólo van 5 ó 10 y por menos tiempo. Las horas igual se liquidan completas y cuando el agente recibe la remuneración por algo que no cumplió, sea por depósito en cuenta bancaria o en efectivo, era obligado a entregar un retorno”, aclararon las mismas fuentes.

MAS DUDAS

Como se sabe, en el procedimiento en la casa de Masana, encabezado por la fiscal Virginia Bravo, que está a cargo de la causa por el robo en el Grand Bell, se secuestraron, además de armas sin papeles y balas con punta hueca, 69 partículas de cristales (efedrina); siete blister de Rivotril y 234 pastillas de éxtasis. Esto último podría explicar parte de los ingresos “en negro” de Masana.

Algunos calcularon que cada pastilla de éxtasis se consigue en el mercado a cambio de unos 1.000 pesos, aunque otras dijeron que el precio no supera los 600. Como sea, sólo en la bolsita Ziploc hallada el miércoles había más de 140 mil pesos, y otros 20 mil en cristales de cocaína.

Su perfil de Facebook y varios conocidos describen al suboficial como un fanático de las fiestas electrónicas, ámbitos en los que presuntamente vendía drogas de diseño.

También organizaba sus propios eventos, como el que montó a fin de año en su casona y dio que hablar por los nombres de políticos y personajes de la farándula, que concurrieron como invitados.

Por este escándalo, el miércoles pasado se confirmó el desplazamiento del comisario de la primera, Marcelo Cifuentes, y de su segundo jefe, el subcomisario Carlos Arias.

A ambos le achacan que “no podían desconocer” las características del estilo de vida del suboficial ahora exonerado, indicó un informante.

“No es por el tema del Intendente, sino por no haber ejercido el debido contralor sobre el personal a su cargo”, añadió.

Recordemos que cuando estalló el caso, desde la Primera explicaron a EL DIA que el subteniente detenido “prestaba servicios como caminante durante la noche, para prevenir delitos en restaurantes”, algo que, aparentemente, era falso.

“Era como un agente en comisión, porque en la dependencia no estaba casi nunca. Y eso está expresamente prohibido”, concluyeron.