Recursos dispersos y decisiones postergadas mantienen en jaque a los edificios escolares

“Este edificio tiene 52 años de vida y 52 años sin mantenimiento”. La frase la pronunció la directora de la Secundaria 3 de Los Hornos, Marcela García, el 3 de mayo, minutos después de que unas 700 personas realizaran un abrazo simbólico a la emblemática institución para reclamar urgentes soluciones para antiguos problemas de infraestructura. “Es una forma de decir”, pensará más de uno. Sí. Pero hasta cierto punto.

Desde el punto de vista edilicio, la mayoría de las escuelas platenses está en terapia intensiva. En rigor, es una problemática provincial que viene de años, quizás décadas, y que los gremios docentes denuncian -cada vez con más énfasis- como motivo de pérdida de días de clases. Que no se contabilizan. Que no figuran en ninguna estadística.

Años sin un plan rector y un presente que bien se podría calificar como anárquico en la materia, han convertido a las políticas de infraestructura escolar en un auténtico laberinto.

Volviendo a nuestra ciudad, la gravedad de la situación puede graficarse a partir de la respuesta de integrantes de la Asociación Civil Compromiso Educativo a la pregunta ¿cuáles son las escuelas con problemas?. “Sinceramente, es más sencillo hacer un listado de los edificios que no tienen falencias de infraestructura”, contestó el presidente de la ONG, Arturo Chueco.

Un dato revelador: “El Consejo Escolar de La Plata, receptor de todos los pedidos de arreglos y refacciones para los 313 edificios escolares de la Ciudad, cuenta con 70,23 pesos por día para cada escuela”, apunta Chueco.

Y hace la cuenta. “Considerando los ingresos diciembre 2015-abril 2016, el Consejo cuenta para invertir en las tareas de mantenimiento de los 313 edificios escolares un promedio de 571.451 pesos mensuales, lo que representa la exigua suma de 1.826 pesos por edificio. Si se dividen esos 1.826 pesos por 26 días, que son los que trabaja el organismo, el resultante es de 70 pesos”, detalla y afirma que “cada inmueble requeriría por mes 30.000 pesos, de acuerdo a un amplio estudio que llevó a cabo Compromiso Educativo”.

Ahora bien, ¿es un problema de falta de fondos?. “No, fondos hay, es un problema de voluntad política y de gestión”, sorprende el secretario de la asociación, Alberto Darhanpé. “El Consejo recibe escasos recursos y los destina a emergencias, la directiva es que no tengan que suspenderse las clases. En ese marco se prioriza a los más vulnerables, como las escuelas especiales, los jardines de infantes y los maternales, aunque así se van postergando, inevitablemente, otros pedidos. Por caso, actualmente existen 770 expedientes pendientes de respuesta”, realza. ¿Y los fondos? “Están desperdigados entre el Consejo, los municipios que reciben importantes sumas mensuales por el fondo de financiamiento educativo (ley nacional 26.075), los fondos escolares que van directamente a las direcciones de las escuelas (resolución provincial 1.174 del 1º de agosto del 2015), y la dirección de Educación bonaerense a través de la UEP (Unidad Ejecutora Provincial). Entre todas esas instancias no hay coordinación alguna”, subraya.

Años, quizás décadas sin un plan rector, y un presente que bien se podría calificar como “anárquico” en la materia, han convertido a las políticas de infraestructura escolar en un auténtico laberinto, mientras las comunidades educativas salen cada día a la calle para pedir por cuestiones tan básicas como baños en condiciones, techos que no se lluevan, espacio suficiente para dar clases, gas, luz y agua.

Cambiar una canilla en un baño puede costar el equivalente a los fondos disponibles para tres días de mantenimiento.

Desde la cartera educativa consideran que “no es teóricamente correcto plantear una distribución promedio por establecimiento”. Comentan que “la descentralización de fondos se realiza bajo la Ley 13.030 que, diariamente, le distribuye a los consejos escolares un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Los índices de distribución a los distritos se actualizan anualmente a través de una resolución ministerial. Para realizar el cálculo de ese porcentaje se toman en cuenta variables de estadísticas poblacionales preestablecidas. Por lo tanto, la partida presupuestaria es para afrontar necesidades menores y reparaciones de urgencia del distrito”, afirman.

De hecho, es lo que atienden los consejos escolares: urgencias. “No importa la escuela a la que se vaya, en todas hay problemas. Pero en la mayoría son graves. No están dadas las condiciones para dictar buenas clases”, asevera Arturo Chueco.

En busca de un plan integral

Al respecto, desde Educación se indicó que “para todo lo relacionado con trabajos mayores anualmente se realiza un plan de obras a nivel central, tomando en cuenta las prioridades marcadas en las reuniones de las unidades educativas de gestión distrital (donde están representados todos los actores del sistema). Esas prioridades deben ejecutarse mediante la Dirección de Infraestructura del ministerio”, se explicó. ¿Hay un plan integral? “El plan integral de infraestructura escolar se realizará una vez terminado el relevamiento que se está llevando a cabo en toda la Provincia. Con él se obtendrá un verdadero estado de situación en la materia”, se apuntó.

Quienes se encargan a diario de los arreglos escolares saben que cuando dicen que cada edificio platense tiene -por parte del Consejo- un presupuesto mensual de casi 2.000 pesos y que se necesitarían 30.000, la diferencia suena exagerada. “Pero la diferencia entre los dos mil y los treinta mil, a través de años y años, es la explicación de que hoy tengamos casi todos los colegios en un estado límite”, subraya el ex presidente de ese organismo, Alberto Darhanpé.

“El otro día se cambiaron 2 ó 3 vidrios y 3 policarbonatos en el jardín de infantes 922, se pintó y se cortó el pasto porque era el aniversario. Eso demandó unos 1.500 pesos, casi el presupuesto mensual por edificio. Cambiar una canilla en un baño puede costar cerca de 200 pesos, el equivalente a los fondos disponibles para tres días. Y si hacemos rampas en un colegio, o reparamos una caldera, o cambiamos un bomba, el fondo compensador queda patas para arriba. Lo que va a un inmueble se le resta a otros. Es una ecuación que siempre da negativo”, comentan encargados de mantenimiento.

Con ese panorama, la lupa se posa sobre el fondo educativo que mes a mes reciben los municipios. Fondos sobre lo que la cartera educativa no tiene control, y que según Compromiso Educativo “no se ven en las escuelas”.

“La Municipalidad de La Plata recibió 32 millones de pesos en 2013; 41 millones y medio en 2014; casi 100 millones en 2015, y 42,6 millones en lo que va de este año. Con ese dinero se podrían haber construido edificios nuevos y reparar otros emblemáticos como el Normal 1, que hoy tiene 10 aulas clausuradas y 600 chicos cursando en pasillos y hasta en la dirección”, enfatizan Chueco y Darhanpé, y sentencian: “Desde el 2013 hasta la fecha, esos recursos no han sido afectados a resolver las graves deficiencias edilicias de las escuelas del distrito, provocando pérdida de días de clases, además de poner en riesgo a la comunidad educativa”.

¿La cartera educativa controla el destino de esos fondos? En 13 y 56 fueron claros. “La dirección general de Educación sabe exactamente cuánto recibe cada municipio, anual y mensualmente, en concepto de fondo educativo. Pero los municipios no deben rendir cuentas ante el ministerio sobre la ejecución de los mismos, sino ante el Tribunal de Cuentas. Dicha rendición es ex post del gasto (una vez finalizado el proyecto) y se hace anualmente”, puntualizaron.

En 2014, el Tribunal dictó una resolución para no dejar dudas. Dijo que “esos fondos podrán usarse exclusivamente para la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura escolar, programas de capacitación y apoyo pedagógico y la compra de equipamiento escolar”.

la voz gremial

El año pasado, desde el Suteba La Plata se organizaron movilizaciones en las que unieron sus reclamos casi 20 establecimientos de distintos niveles con graves falencias. Ya están pensando en “volver a la carga”, pues ninguno de esos problemas fue resuelto e incluso se sumaron otras instituciones, afirman.

Dicen que hay escuelas sin espacio y con aulas superpobladas, con baños rotos, sin calefacción, con cielorrasos que se caen, con filtraciones, con rajaduras en las paredes, instalaciones eléctricas expuestas, sin edificio propio. La lista es interminable, hasta llegar al colmo de la Secundaria 77, un inmueble nuevo que no cuenta con gas ni luz ni agua.

¿Es conveniente que las decisiones sobre infraestructura y el dinero destinado a tal fin estén tan desperdigados y sin una coordinación mínima entre los diferentes actores? Escuelas que se caen a pedazos parecen responder a la pregunta.