Aborto: ahora se abre una discusión por las denuncias de médicos contra sus pacientes

En marzo de 2014, Belén -una joven que entonces tenía 25 años- ingresó al Hospital Avellaneda de Tucumán buscando asistencia por dolores abdominales y terminó presa por homicidio agravado contra su bebé. El personal de salud que la atendió por una hemorragia la denunció ante la policía por haberse practicado un aborto al encontrar un feto de veinte semanas en un baño del hospital. Tras pasar más de dos años en prisión, la joven -que siempre sostuvo que ignoraba estar embarazada y que se trató de un aborto espontáneo- fue liberada semanas atrás por orden de la Suprema Corte de su provincia, que entendió que se la había condenado de manera irregular.

Si bien el caso de Belén llegó a hacerse público porque movilizó a más de cuarenta organizaciones, incluidas la ONU y Amnesty Internacional, se cree que cada año ocurren otras tantas situaciones como la suya que no llegan a trascender. Así lo señalan desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, organismo que acaba de presentar un pedido ante la Procuración General de la Suprema Corte para que los fiscales desestimen las denuncias por presuntos abortos presentadas por personal de salud.

El ministerio de Salud recomendó a su personal “mantener una actitud libre de prejuicios, sin discriminación, cualquiera haya sido la situación que llevó a la mujer a la consulta” y “respetar la confidencialidad y el secreto médico”

El requerimiento, formulado desde el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría, surgió ante “recientes casos de mujeres que buscan atención médica en hospitales en situaciones post-aborto y terminan denunciadas por los mismos profesionales que las asisten”. Y se basa en dos criterios reconocidos por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno a este tipo de situaciones: la obligación del personal de salud a preservar el secreto profesional y el derecho de las pacientes a que se resguarde su intimidad.

Lo cierto es que si bien la Suprema Corte de la Nación se ha pronunciado más de una vez a favor de este criterio y el ministerio de Salud bonaerense acaba de establecer un protocolo de atención de mujeres en situación de aborto que impone garantizar su privacidad, son muchos profesionales de la salud que no están de acuerdo y sienten la obligación de denunciar.

JURISPRUDENCIA A FAVOR

“Hasta dónde sé el aborto, salvo situaciones excepcionales, sigue siendo un delito en nuestro país. Si yo como profesional presumo que una paciente viene de hacerse un aborto, no puedo quedarme callado porque de algún modo me convierto en cómplice. Pero además pienso que priorizar el derecho a la intimidad de los pacientes en estos casos es olvidarse del derecho a nacer que tenían esos bebés”, sostiene Osvaldo, un médico de guardia con veintitrés años de carrera que pidió mantener en reserva su apellido porque es “un tema del que nadie quiere hablar”. De hecho, al ser consultadas para esta nota, las autoridades del Colegio de Obstétricas de la Provincia optaron por no emitir opinión

“Más allá de lo que cada profesional pueda decidir sobre su accionar, está el deber del Estado. Y el deber del Estado frente un mujer que acude a un hospital en busca de ayuda por una situación de aborto es generar mecanismos de contención que garanticen sus derechos, no una respuesta punitiva”, dice Laurana Malacalza, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, al explicar el pedido presentado ante la Procuración General.

En él la Defensoría recomienda puntualmente dar “instrucciones precisas a los fiscales” para que “descarten las denuncias por presuntos abortos formuladas por personal de salud” a fin de “adecuarse a los estándares nacionales e internacionales en esta materia”.

“Existen dos fallos de la Suprema Corte que sientan precedente en cuanto a que la obligación de secreto profesional de los médicos está por encima del eventual deber de denunciar un presunto delito, ya que de lo contrario se violaría la garantía contra la autoincriminación de las personas. El problema es que tal vez algunos fiscales desconocen esta jurisprudencia y no saben cómo manejarse. Por eso es importante que la Procuración les marque directivas para no criminalizar a mujeres que transitan situaciones de aborto, ya sea inducido a natural”, explica Malacalza.

Además de apoyar el criterio de la Corte, “compartimos las líneas directrices del Ministerio de Salud y apelamos a su cumplimiento por parte de los hospitales públicos”, señala por su parte Marcelo Honores, responsable a cargo de la Defensoría al explicar que el pedido a la Procuración General se dio en un marco de cooperación entre ambos organismos y es “un aporte crítico constructivo que, para concretarlo tal vez requiera que se sumen expertos, autoridades judiciales y organizaciones de la sociedad civil”.

DIRECTIVAS A HOSPITALES

Así como la Defensoría consideró necesario indicarle a la Justicia cómo proceder, el ministerio de Salud bonaerense dio directivas a las autoridades sanitarias para no judicializar a las mujeres que concurren a hospitales en situaciones de emergencia tras un aborto. En un comunicado enviado a los hospitales y centros de atención primaria de la salud a fines del mes pasado, la cartera sanitaria recomienda a su personal “mantener una actitud libre de prejuicios, sin discriminación (…) cualquiera haya sido la situación que llevó a la mujer a la consulta” y “respetar la confidencialidad y el secreto médico”

“El deber del Estado frente a una mujer que acude a un hospital en busca de ayuda por una situación de aborto es generar mecanismos de contención que garanticen sus derechos”

“Las posturas personales no deben modificar la conducta de las/los profesionales de la salud, quienes deberán valorar los procedimientos terapéuticos teniendo en cuenta la condición clínica de la mujer, el examen físico y los estudios diagnósticos que se realicen. En todos los casos, la principal obligación de los servicios de salud es garantizar la atención integral de las mujeres”, señala el comunicado que llegó a los hospitales la misma semana en que la Corte tucumana ordenaba la liberación de Belén.

“Aceptar que la detección de abortos consumados sea justa causa para relevar al profesional de la salud del deber de guardar secreto, implica valorar la persecución penal por encima de la salud y la vida no solamente de la mujer que asiste al hospital para paliar una infección potencialmente mortal, sino -en general- de la confianza de la población en que recibirán un trato digno y respetuoso por parte de los servicios médicos”, agrega el mismo comunicado citando el criterio establecido por la Corte nacional.

Al ser consultados por el tema, en el Colegio de Médicos de La Plata señalan la importancia de mantener una postura que no les cierre las puertas a mujeres que puedan necesitar ayuda profesional tras un aborto, pero también la necesidad de que los médicos tomen recaudos extremos en estos casos para evitar quedar comprometidos legalmente por una eventual complicación en la salud de esas pacientes.

“Desde el momento en que existe jurisprudencia a nivel nacional que prima en estos casos la obligación del secreto profesional frente al deber de denunciar un presunto delito, pero además existe un protocolo del Ministerio de Salud que indica garantizar la privacidad de las pacientes, lo que recomendamos desde el Colegio de Médicos es no realizar la denuncia judicial, pero sí dejar constancia escrita de la situación -señala el doctor Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos del Distrito La Plata-. Cuando se atiende a una mujer que está cursando un aborto resulta fundamental dejar bien asentado en su historia clínica cada detalle, porque si esa situación derivara en una complicación o en la muerte de la paciente, el médico va a ser citado por la Justicia para explicar cómo ocurrió y necesita tener documentación para resguardarse”.