Piden más detenciones y atacan a un juez que debe resolver en el caso de los sobres

El fiscal penal Marcelo Martini pidió más detenciones en la causa que investiga parte de la denominada “caja negra” de la Policía bonaerense; y ayer uno de los jueces que interviene en un planteo clave en ese mismo expediente denunció que fue atacado por dos motoqueros cuando salía con su camioneta de los tribunales penales, por la zona de 56, entre 7 y 8.

Voceros judiciales confiaron anoche que el fiscal ya hizo el pedido a la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que definirá el planteo entre el lunes y el martes, junto a los requerimientos de eximición de prisión presentados para 31 jefes policiales.

También informaron que el fiscal Martini, basado en nuevas pruebas, entre ellas pericias caligráficas que dieron positivo, decidió ampliar las imputaciones, con más pedidos de detención.

En cuanto al magistrado atacado, se trata de Martín Ordoqui, uno de los jueces de la Sala V de Casación que debe resolver un planteo de nulidad.

Según denunció el magistrado ante el fiscal penal en turno de La Plata, Marcelo Romero, iba con su camioneta Amarok por 56 en dirección a 7 y, antes de llegar a esa avenida, los agresores se le acercaron y le rompieron la ventanilla del lado del acompañante con un tubo metálico.

El camarista aseguró que iba en su camioneta y escuchó una fuerte explosión, vio que el vidrio quedó destrozado y que los agresores huían por avenida 7.

Aunque Ordoqui no relacionó el ataque directamente con alguna causa que tramite en su sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense, los investigadores ayer habían puesto la lupa sobre dos hechos puntuales:

*La causa que investiga la aparición de 36 sobres numerados en un despacho de la Jefatura Departamental local, con 153.700 pesos que provendrían de la recaudación clandestina de la fuerza, que anteayer cobró un giro inesperado por el pedido que formularon 31 jefes policiales de La Plata para que se los exima de ir a prisión.

*Y que, justo ayer, en el momento del ataque, se desarrollaba una manifestación en Tribunales encabezada por familiares y amigos del menor de 17 años que fue encontrado el mes pasado muerto de un tiro en la espalda, que aparentemente le habría efectuado un policía, en la zona de 1 y 60.

la “caja negra”

Con respecto al caso de la “caja negra” de la bonaerense, el juez Ordoqui participará con otros dos colegas, el martes próximo, día de acuerdos en Casación, en un incidente sustancial, que se desprendió de la investigación principal por la aparición de los 36 sobres marcados en la Jefatura Departamental: un planteo de nulidad formulado por los abogados Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, quienes asisten a cuatro de los imputados.

En esta causa, los comisarios y y jefes de calle de varias comisarías de nuestra ciudad se sometieron a a un peritaje caligráfico para determinar si fueron quienes escribieron los sobres donde estaba ese dinero ilegal.

Al parecer, los resultados de las pericias habrían complicado a los sospechosos -hay varios positivos en esos cotejos-, y por ello una defensora oficial, ante el inminente pedido de detención que estaría elaborando el fiscal que investiga el caso, Marcelo Martini, solicitó las eximiciones de prisión para 31 de los policías imputados.

Esa presentación provocó anteayer un verdadero escándalo institucional, sin precedentes en la historia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Hasta ahora, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, como la propia Gobernadora, María Eugenia Vidal, no habían adoptado ninguna medida con respecto a los policías sospechados.

En rigor, en las máximas esferas del gobierno provincial se analizaba por estas horas si los oficiales que pidieron la eximición de prisión deben ser o no separados en forma preventiva de sus funciones.

Se especulaba con la posibilidad de separarlos preventivamente de sus cargos, ya que con semejante imputación sobre sus hombros y el temor expresado a través de la defensa de ir presos, no estarían en condiciones de ejercer la importantísima tarea que desempeñan, tan reclamada en la actualidad: brindar seguridad a los ciudadanos.

Con respecto al pedido de eximición de prisión, se supo que fue realizado a través de una defensora oficial en el juzgado de Garantías de Marcela Garmendia, quien hasta ahora no se expidió sobre el fondo del asunto.

“Sólo fueron citados a una prueba técnica para determinar si tenían alguna vinculación con la maniobra delictiva denunciada”, expresó un informante a este diario.

la jueza contestó con un “téngase presente”

Hasta el jueves se sabía que Garmendia había tenido presente el recurso “para su oportunidad”, de modo que recién se abocaría a su análisis en el supuesto caso de que hubiera un pedido formal de detención para alguno de los nombrados, algo que, por lo que trascendió anoche, ya sucedió.

En definitiva, la próxima semana será clave.

Como se recordará, en esta causa los primeros implicados fueron el ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; el segundo jefe de la dependencia, Rodolfo Carballo; el jefe de operaciones, Ariel Huck; el secretario, Walter Skramowskyj y la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez, a quienes el fiscal Martini sí les pidió la detención, aunque por una decisión ulterior de la Cámara de Apelaciones de La Plata, más allá de que la medida fue convalidada por la jueza Garmendia, quedó sin efecto, por cuestiones formales.

“Sin desconocer que se está ante la presunta comisión de graves conductas ilícitas, (...) de la lectura de las constancias de autos, no se advierte en la descripción de la plataforma fáctica desarrollada tanto por el señor agente fiscal, así como en la convalidada por el juez de grado, en qué habría consistido la imputación que se dirige contra los imputados”, señalaron los camaristas Carlos Silva Acevedo y Carlos Ariel Argüero en su voto.

El fiscal les había imputado los delitos de “asociación ilícita en concurso real con concusión e ideal con recepción de dádivas”, a los cuatro primeros, y “encubrimiento agravado”, a la restante.

Cabe destacar que la asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal es castigada con hasta 15 años de pena, para el jefe de la banda.