Cambiemos, o el gobierno de la opinión pública

Twitter: @mnspezzapria

El Gobierno tuvo una reacción tardía con el caso Maldonado. Los principales funcionarios creyeron inicialmente que las denuncias estaban fogoneadas por el kirchnerismo en el contexto electoral, pero perdieron de vista la dimensión simbólica del asunto. Esto es, lo que implica la desaparición para una sociedad como la argentina. Algo que excede la mera pelea entre facciones políticas.

“No hablamos antes porque estaba medido que le importaba al 35% de los consultados en las encuestas”, se justificaron en los equipos de comunicación gubernamentales, en referencia a que el impacto del hecho estaba acotado a la oposición más dura. Pero la “contención de daños” que ensayó la Casa Rosada empezó a sufrir filtraciones que la obligaron a recalibrar la situación.

El presidente Mauricio Macri habló finalmente sobre Maldonado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue corrida del centro de la escena luego de que –tras un estudio de ADN- se cayera la principal hipótesis de la funcionaria, que argumentaba que el artesano había sido herido por un puestero de la estancia Benetton durante un violento asalto de un grupo de mapuches.

Sin embargo, lo que terminó de encender luces de alarma en el oficialismo fueron los resultados de otras encuestas según las cuales al menos 7 de cada 10 consultados había escuchado algo sobre la desaparición de Maldonado. Eso quería decir que el tema ya no era parte de la comidilla del “Círculo rojo”, es decir de la pequeña parte más informada de la sociedad, sino que se masificó.

Entonces el intérprete de los sondeos gubernamentales, Jaime Durán Barba, un cultor de la evidencia empírica que define la comunicación política como una ciencia, se preguntó: “¿Toda esa gente que tontamente acusa a Mauricio de haber cometido un atentado perverso, lo hace porque razona? No razonan, piensan que como es rico, debe haber matado a alguien”.

La entrada en escena del asesor presidencial debe interpretarse como una defensa del accionar del Gobierno –o de su quietud inicial- ante cuestionamientos que se extendieron dentro del propio espacio oficialista. Ayer mismo se sumó Hernán Iglesias Illa: “Algún gendarme suelto pudo haber golpeado a Maldonado”, dijo el funcionario de la Jefatura de Gabinete.

Es que no había pasado inadvertida la crítica del radical Ernesto Sanz –uno de los fundadores de Cambiemos- al “error de comunicación o manejo” que atribuyó al Gobierno en este asunto. Fuera de los límites de la política, tampoco cayó bien en la Casa Rosada que Mirtha Legrand se manifestara con críticas al respecto, lo que motivó un llamado de la Bullrich a la diva.

La actuación de la ministra de Seguridad comenzará a ser evaluada mañana por la comisión respectiva del Congreso, que preside Sergio Massa, aunque la funcionaria anticipó que no asistirá al encuentro. El que sí debería brindar explicaciones es el director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, que también fue citado por el cuerpo legislativo a raíz del caso Maldonado.

La defensa de Bullrich y del Gobierno a la Gendarmería tiene su razón de ser y va más allá de la desaparición del joven artesano. De hecho, es la fuerza en la que se apoya la ministra de Seguridad para el combate contra el narcotráfico y el despeje de los cortes de ruta en todo el país. Habría que recordar, además, que los gendarmes se sublevaron en pleno gobierno kirchnnerista.

El encumbramiento de la Gendarmería bajo el Gobierno de Cambiemos es directamente proporcional a la caída en desgracia de las policías Federal y Bonaerense, en cuyas estructuras se había apoyado el kirchnerismo con los resultados conocidos. La PF, por caso, fue subsumida en la Policía de la Ciudad en la capital. Y aquí en la Provincia fueron desplazados miles de policías.

La Gendarmería, en cambio, se convirtió en la preferida del Gobierno. Por eso no debe extrañar que ahora que está objetada por el caso Maldonado, reciba algún pase de factura proveniente de “fuego amigo”. Tanto, que se filtró un falso informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal en el que se dio por sentado que gendarmes de Esquel desaparecieron al artesano.

Más allá de las operaciones cruzadas entre las fuerzas, lo cierto es que la Justicia puso a la Gendarmería en el centro de sus sospechas y desde el martes comenzará a indagar a los 40 agentes que participaron del operativo sobre la Ruta 40 y un poco más allá, en la comunidad mapuche Pu Lof, donde en principio no tenían orden de ingreso por el juez federal Guido Otranto.

Todo esto sucede en un contexto enviciado por la aparición de “testigos” que dicen haber visto a Maldonado en otros puntos del país y de mapuches que supuestamente observaron cuando se lo llevó la Gendarmería con unos prismáticos que luego se “perdieron”. Tampoco colabora con los investigadores la feroz pelea política que se desató en torno a la desaparición del artesano.

A tal punto, que Cristina Kirchner habló de la existencia de un “Estado represivo y desaparecedor”. Aunque no dijo una sola palabra sobre Jorge Julio López, el albañil que no fue protegido por su gobierno ni la Justicia cuando debió declarar en un juicio por crímenes de lesa humanidad aquí en La Plata. Pese a ello, abonó la “resistencia” ante una administración supuestamente autoritaria.

Claro que esa no es la situación que atraviesa la Argentina sino, por caso, la Venezuela de Nicolás Maduro. Con certeza la ex presidenta no ignora esas circunstancias, pero fuerza la comparación en un intento por recuperar su relato político y ensayar, al mismo tiempo, una defensa ante el cada vez más visible cierre del cerco judicial sobre su persona, con causas que avanzan inercialmente.

La última novedad en el derrotero judicial de la ex presidenta tuvo un alto impacto: el fiscal Pollicita le pidió al juez Bonadío que la cite a declarar como imputada por el encubrimiento del atentado contra la AMIA, a raíz del memorando que firmó con Irán cuando ocupaba la primera magistratura. Se trata de la denuncia que hizo el fiscal Nisman antes de ser encontrado muerto.

La reacción de Cristina Kirchner fue inmediata: acusó a jueces y fiscales de recibir órdenes de la Casa Rosada. Una aseveración que también podría considerarse de manera retroactiva. Como fuera, queda claro que como sucedió en la etapa previa a las PASO, el debate electoral de cara a las legislativas de octubre se planteará entre la corrupción kirchnerista y la economía macrista.

A las terceras fuerzas les costará cada vez más meterse en esa contienda, que lleva hacia una notoria polarización. Sobre todo, porque Cristina Kirchner tiene ante sí una bala de plata: si pierde la elección en la Provincia, entonces se despedirá de cualquier aspiración de liderar al peronismo de regreso al poder en 2019. Ya hay señales de reacomodamiento que la excluyen.

El kirchnerismo necesitaba que la CGT y las organizaciones sociales se embarcaran en un plan de lucha contra el Gobierno en las próximas semanas, para fomentar un clima de inestabilidad antes de las elecciones. Pero eso no sucederá porque el macrismo actuó con rapidez para evitarlo.

Aunque no pueda decir lo mismo de su reacción frente a la desaparición de Maldonado. Es el riesgo de tomar las decisiones con encuestas, consagrando el gobierno de la opinión pública.