Confirman los procesamientos a empresarios y ex funcionarios por el caso Odebrecht

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex presidente de Aysa, Carlos Ben, y de los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner por "administración fraudulenta" a raíz del direccionamiento de licitaciones para adjudicar la construcción de dos plantas potabilizadoras.

La decisión de la sala I del Tribunal de Apelaciones alcanzó a 14 empresarios y cinco ex funcionarios que participaron de las licitaciones para las cuales se asociaron empresas argentinas y la brasileña Odebrecht, según el fallo.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron todo lo hecho en la investigación a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

El Tribunal de apelaciones confirmó los procesamientos sin prisión preventiva como coautores de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" para el ex presidente de la empresa estatal de agua Carlos Ben, los ex directores Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucion y el ex gerente Carlos Di Somma.

Por la parte privada, quedaron procesados los empresarios Aldo Roggio, Tito Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo

Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek como partícipes del delito.
A todos se les mantuvieron los embargos y la prohibición de salida del país.

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"Los elementos de prueba que conforman la vasta investigación nos permiten concluir que los encartados, cada uno desde su posición o rol, contribuyó a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para éstas y en perjuicio de la Administración Pública atento las deficiencias y mayores costos" de las obras, remarcaron los camaristas.

Sobre los ex funcionarios "cabe concluir que con sus decisiones incidieron protagónicamente en los sucesos condicionando con sus actos, dada la calidad que detentaban, la voluntad negocial de la Administración en aras de un interés no administrativo, renunciando así la entidad para la cual prestaban sus servicios -AySA- a optimizar los recursos para una adecuada negociación".

"Del otro lado de la moneda, se advierte también que tal direccionamiento no podría haberse cometido sin un aporte necesario del sector privado, por cuanto los empresarios pactaron previamente con los funcionarios distribuirse los contratos, simulando licitaciones para que les sean adjudicadas las obras, el permiso para modificar las condiciones de contratación y que les fueran otorgadas nuevas obras, obteniendo como consecuencia un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas", advirtieron los jueces.

Además, validaron el origen de la investigación por direccionamiento, pago de sobreprecios y demoras injustificadas, todo referido en una denuncia anónima.

"No se advierte en el presente caso la afectación de garantía alguna que invalide el inicio de la pesquisa, en razón de que la denuncia anónima que originara esta investigación contó con la entidad y verosimilitud suficiente tanto para motivar el emprendimiento y la promoción del sumario como para la consecuente adopción de medidas tendientes a corroborar los extremos fácticos en ella aludidos", sostuvieron los camaristas.

En esta parte de la causa se investiga el direccionamiento de las licitaciones para que resultaran adjudicatarias Uniones transitorias de empresas que integraba la brasileña Odebrecht, implicada en el Lavajato de ese país.

Se trata de la construcción de la planta potabilizadora de agua de Paraná de las Palmas, en Tigre, y de pretratamiento de residuos cloacales de Berazategui.

"Estuvieron direccionadas para que resultasen adjudicatarias: en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Constructora Norberto Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, Jose Cartellone e hijos SA y Supercemento SA; en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA", se dio por probado en la investigación.

También se ratificó la "prohibición de innovar y embargo preventivo sobre los bienes y dinero de las firmas “Construcciones Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina”, “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento SAIC S.A.”, “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.”, “Esuco S.A.” y “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Argentina”.

Casanello investiga además otra arista de la causa vinculada al supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos del kirchnerismo y en este tramó ya tomó declaración indagatoria al detenido Julio De Vido y al supuesto "lobbista" Jorge "Corcho" Rodríguez.