La empresa estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) que provee el servicio de agua potable y cloacas a más de dos millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires propuso hoy un aumento de tarifas del orden del 40 por ciento, durante la audiencia pública en la que justificó ese incremento y presentó el plan de obras.

Durante la audiencia, que se realizó en el Colegio de Abogados de La Plata y que tiene carácter consultivo pero no vinculante, el titular de la empresa, Rafael Sardela, expuso los fundamentos técnicos y financieros para la readecuación de las tarifas. “Para entender lo que estamos haciendo hay que ver de dónde partimos”, sostuvo Sardela, que mostró en gráficos la situación con la que se encontraron la empresa de la que se hizo cargo el Estado en el 2002 “y que hasta el 2015 tuvo sólo perdidas”.

Citó como ejemplo la planta potabilizadora de agua de Punta Lara con la que se abastece a los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, “que tenía una sola de cinco bombas en funcionamiento y por lo cual estaba prácticamente colapsada”. Detalló que el plan de obras de ABSA comprende la ampliación, mejora y actualización tecnológica de esa planta que estará en pleno funcionamiento a fines de este año.

Además, anunció que el plan de inversiones contempla la preservación ambiental de la cuenca de Bahía Blanca a través del tratamiento de líquidos cloacales y el recambio de cañerías en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Sardela anunció además la incorporación de tecnología para superar los problemas de arsénico, nitratos y sales que presentan algunos distritos del norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En la audiencia, convocada por el Organismo de Control del Agua de la provincia de Buenos Aires (Ocaba), también fijaron su posición el Defensor del Pueblo bonaerense, intendentes y asociaciones de consumidores que se oponen al aumento. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, reclamó que “no se siga poniendo la carga en el usuario” y pidió que haya “organismos de control serios” para que los usuarios sepan cómo se usan los recursos.

“Los ciudadanos no somos los de hace 25 años, los de hoy tenemos una conciencia de derechos diferente, y debe estar expresada en políticas públicas simples que nos permitan ejercer nuestros derechos”, expresó.

Aseguró que el gobierno “no está mirando al usuario, ya que el aumento tarifario no tiene en cuenta la variable del salario” y propuso que “se utilice el Fondo del Conurbano para financiar las obras, y que no sean los usuarios quienes deban pagar los trabajos que se están realizando, y que se deben realizar, para mejorar el servicio”.

Además, cuestionó el valor de las audiencias públicas, y exigió que sean vinculantes, además de que aparezcan otros ámbitos de participación donde se pueda definir la forma en que se prestan los servicios y lo que debería pagarse por ellos. Lorenzino sostuvo que quieren “trabajar en conjunto con el gobierno provincial y con legisladores, con el fin de reflexionar y generar una mirada mucho más social y evitar que se siga golpeando siempre el bolsillo de la gente”.

ABSA presta servicios en 79 localidades de 52 municipios de la provincia de Buenos Aires, tiene unos 800.000 usuarios lo que representa a más de 2,5 millones de beneficiarios y tiene a su cargo 22 Plantas Potabilizadoras, 72 Plantas Depuradoras y 1.295 Perforaciones en servicio.