Carrió propone igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres

La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) volvió a presentar ayer un proyecto de ley de su autoría, elaborado originalmente en 1996, por el cual propone garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.

La iniciativa brinda las precisiones para la puesta en práctica del reconocimiento a los derechos y garantías en el marco de la igualdad real de oportunidades y de trato, establecido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, y conforme al artículo 75, inciso 22, que reconoce rango constitucional a la Convención sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

En su proyecto, presentado por primera vez hace 22 años, Carrió establece que “los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar para que las mujeres no sufran discriminación alguna por razón de su género, tanto en el ámbito público como en el privado, y a eliminar los obstáculos de hecho y de derecho para la igualdad real de derechos, oportunidades y trato”.

“El Estado garantizará la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres a través de políticas, planes, programas y servicios integrales en las esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, educativas, culturales, y de cualquier otra índole”, agrega.

El artículo cuarto de la iniciativa establece una serie de circunstancias que incurrirían en la discriminación de las mujeres, como los casos de leyes, pronunciamientos judiciales, decretos, reglamentos, resoluciones, actos administrativos que impliquen distinciones, restricciones o exclusiones que de alguna manera alteren, menoscaben o anulen el reconocimiento, goce y ejercicio de derechos y libertades de las mujeres.

“En los casos en que una mujer o un grupo de mujeres sufra algún tipo de discriminación basada en su pertenencia al género femenino o alguna restricción, alteración o anulación de sus derechos, los poderes del Estado deberán garantizar los derechos o libertades conculcados y dispondrán, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la discriminación y el pago de una justa indemnización”, señala Carrió en su iniciativa.

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Añade también que “los poderes e instituciones del Estado impartirán enseñanza y capacitación sobre derechos humanos que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el género a los funcionarios públicos incluidos, entre otros, los funcionarios y personal judicial, policial y militar.