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Por RICARDO ROSALES
El campo y la industria volvieron a ocupar el debate económico en estas semanas, por razones bien distintas. Los productores agropecuarios por la dura sequía que aún mantiene abierta la magnitud de las pérdidas de la cosecha de soja y maíz por la falta de lluvia, en especial en la zona central del país.
Los industriales, por el doble embate, local y de afuera: el gobierno macrista los cuestionó por “llorones”, “resistirse al cambio” y, en definitiva, por los reclamos de más proteccionismo al sector; y casi en simultáneo el gobierno norteamericano ratificó los aranceles para el acero y el aluminio, abriendo la puerta a una “guerra comercial” a escala global que pegaría a la Argentina.
El giro político del presidente Mauricio Macri acompañó al nuevo discurso oficial.
Con el mensaje de apertura de sesiones del Congreso, dejó las reformas económicas como centro de atención y fijó otras prioridades sociales.
De allí que no parezca extraño que haya abierto otros frentes de conflicto, y avalara las declaraciones del ministro de Producción Francisco Cabrera contra los industriales, y también haya incluido en la embestida a los laboratorios por los precios de los medicamentos, muy por encima del promedio mundial.
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El cortocircuito con los industriales asociados en la UIA entró en una inestable paz mediática, aunque los temas de fondo siguen sin solución.
Hubo varias señales oficiales de cierta distensión con la visita del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la planta de Campana y la reunión privada con Paolo Rocca, presidente de Techint, y luego con la invitación de ayer a la cúpula directiva de la UIA.
También hubo una decisión oficial de enviar a Miguel Braun, el secretario de Comercio, a negociar con la administración de Donald Trump una excepción a los aranceles, que entrarán en vigencia dentro de una semana.
Pero las soluciones de fondo que reclama la industria apenas rozan las conversaciones abiertas: algo sobre las tasas de interés, sobre la reforma laboral y el blanqueo y la presión impositiva en las provincias.
El episodio con la UIA tiene que ver con múltiples causas que lleva largos años de vigencia, pero que hizo eclosión con un tema puntual: la importación de tomates en lata que afecta a la alimenticia Arcor.
Luis Pagani, presidente de la compañía y uno de los principales empresarios argentinos, se encargó de señalar el problema en distintos ámbitos políticos y el mensaje llegó a la Casa de Gobierno de la peor manera.
Arcor exporta a más de 300 países y no es precisamente un grupo con poca competitividad.
Pero la apertura económica, el retraso del dólar, los costos financieros y la alta presión impositiva afectan sus chance de expansión, más inversiones y rentabilidad.
No hay una avalancha importadora. Como señala un informe reciente de la consultora Abeceb, hay casos puntuales, pero no es el escenario general.
El problema de fondo es que años de sobreprotección a la industria durante el kirchnerismo facilitó el crecimiento de sectores muy por encima de su participación tradicional y con escasa inversión e innovación.
Muchos de esos sectores no son hoy sustentables y requerirían de fuertes inversiones para aggiornarse a la competencia.
Un cambio de paradigma que no es viable para algunos sectores empresarios sin nuevas promesas de protección.
La estructura de la industria argentina perdió más de una década con el resto del mundo, que avanzó con fuertes cambios tecnológicos, la integración de proveedores, la robotización, el comercio on line, logística y transportes a bajos costos y, en particular con el boom exportador de China a valores impensados tiempo atrás. Industrias como la textil o la electrónica de Tierra del Fuego tuvieron una fuerte expansión local, pero sin correlato con lo que ocurrió en el resto del mundo.
La sobreprotección aparece hoy como un camino sin regreso y de muy difícil viabilidad en un país como la Argentina.
Y, como se señaló, una reestructuración local exigiría fuertes inversiones, en algunos casos fuera del alcance de esas empresas, y con resultados de difícil predicción.
No es la situación de todo el tejido industrial: el alimenticio, agromecánico, biotecnología, producción de energías, automotriz y otros, cuentan con algún tipo de ventajas comparativas.
De cualquier manera, no es sencillo un salto de productividad y crecimiento con los costos argentinos (impuestos, transporte, logística, etc), que la administración Macri no ha logrado aún remover.
No se trata sólo de una dificultad argentina.
Otras regiones del mundo enfrentan dificultades similares, aunque con economías muchos más flexibles y menos regulaciones estatales.
Con el campo, las dificultades son climáticas.
La zona núcleo, la que más granos aporta a la producción nacional, sufre una sequía inédita, con pocos antecedentes, que habría significado fuertes pérdidas.
La Bolsa de Cereales estimó a fines de febrero pérdidas de 10 millones de toneladas de soja y otras 5 millones de maíz.
Un caso extremo de la sequía es Marcos Juárez, en Córdoba, en el centro de la Pampa Húmeda, que recibió sólo el 13% de la media histórica de lluvias en estos meses del 2018.
En términos de PIB, la caída sería del 0,3%, aunque los pronósticos se extienden hasta 0,5%.
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