Ante fallos adversos, el oficialismo abandona el gradualismo judicial

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com

La reaparición en escena de Elisa Carrió con su grave denuncia contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, los mismos que firmaron el fallo para excarcelar al empresario kirchnerista Cristóbal López, indica que el oficialismo dejó a un lado el gradualismo en su relación con la Justicia federal y está dispuesto a ir a fondo en el recambio de ese fuero estratégico.

En esta oportunidad, Carrió no se cortó sola con su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sino que encabezó una acción coordinada con el Poder Ejecutivo, trascendió en fuentes partidarias. De hecho, el objetivo de Cambiemos es que Ballestero y Farah no lleguen a fin de año en sus cargos, por lo que se intensificarán las acciones políticas destinadas a desplazarlos.

La acusación de Carrió de que estos magistrados pudieron haber cobrado coimas para liberar al dueño del grupo Indalo y a su socio Fabián de Sousa es una de esas acciones. Y no cayó en saco roto porque será investigada ampliamente. En el caso del juez Ballesteros, “Lilita” también lo acusó de haberse enriquecido en forma ilícita y puso en la lupa la compra de dos departamentos.

La arremetida de Carrió, que expresa una reacción del oficialismo frente a una serie de fallos adversos para el Gobierno respecto de la corrupción en la era kirchnerista, también indica que en la Casa Rosada le bajaron el pulgar –al menos por el momento- a otros actores como Daniel Angelici, el presidente de Boca con aceitados nexos judiciales y prácticas rechazadas por Carrió.

Pero la bronca de Cambiemos con el comportamiento de los jueces no se limita a Farah y Ballesteros: también hay un fuerte malestar con los integrantes de la Corte que disolvieron un tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner. Ese fallo fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, a quienes definen como la “mayoría peronista” de la Corte Suprema.

LE PUEDE INTERESAR

Piden la nulidad de la causa contra Hugo Moyano por la denuncia del barrabrava “Bebote” Alvarez

LE PUEDE INTERESAR

Familiares piden mejores equipos para la búsqueda

Esa acordada de la Corte abortó, en los hechos, una jugada del oficialismo en el Consejo de la Magistratura para trasladar jueces ordinarios a tribunales federales. Se trata de una maniobra que denuncia la oposición en el Congreso y que en el Palacio de Justicia equiparan a la estrategia del kirchnerismo, que poblaba los tribunales de jueces subrogantes para mantenerlos presionados.

Por estos motivos, la relación entre el Gobierno y la Corte atraviesa por su peor momento. A tal punto, que el máximo tribunal del país le reclamó al jefe de la inteligencia macrista, el titular de la AFI Gustavo Arribas, que le envíe un informe sobre la actuación del organismo a su cargo sobre las escuchas telefónicas de las conversaciones entre Cristina Kirchner y su secretario Oscar Parrilli.

El contraataque oficialista llegará en los próximos días, cuando salga a la luz un informe sobre la performance de la Justicia federal cuyos últimos datos están siendo procesados por el Consejo de la Magistratura, bajo la conducción del abogado bonaerense Miguel Piedecasas. En el ámbito judicial no faltan los que consideran que se agudizarán los cuestionamientos sobre Comodoro Py.

Mientras tanto, continúa la oleada de excarcelaciones –ayer fue el turno del referente de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil, mientras que el ex Quebracho Fernando Esteche deberá reunir una fianza de al menos 400.000 pesos-, en lo que ratifica la tendencia contraria a la denominada “Doctrina Irurzun”, que avaló las prisiones preventivas en casos de corrupción.

En medio de estas excarcelaciones también se invoca el caso de Julio de Vido, el ex ministro de Planificación que fue detenido a raíz del presunto vaciamiento de la mina de Río Turbio durante su gestión. La puja judicial es tan visible que fue apartado de la causa el fiscal Carlos Stornelli y la Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, apeló esa polémica determinación.

En el fondo, lo que está en juego es la línea que llevarán adelante los fiscales de ahora en más, en la que el Gobierno busca influir con la designación de Inés Weinberg de Roca para la procuración general. Ayer mismo el presidente Mauricio Macri recibió al influyente senador peronista Miguel Pichetto para allanarle el camino, pero por el momento no tiene garantías de que así sucederá.