Carrió amplió su denuncia contra los jueces que liberaron al empresario Cristóbal López

La diputada oficialista Elisa Carrió remitió al Consejo de la Magistratura una ampliación de la denuncia pública que realizó sobre la presunción de que en la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa se pagaron coimas.

En tanto el Consejo de la Magistratura aceleró ayer su actividad, en la misión que le encomendó la Corte Suprema de Justicia, para que investigue la forma en que se conformó el tribunal que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La mayor novedad fue que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó al representante de los jueces, Leónidas Moldes, como instructor de la investigación para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I que emitió el fallo en cuestión.

LA PRESENTACIÓN DE CARRIÓ

En el escrito de seis páginas, la diputada Carrió desgrana los antecedentes de cuestionamientos al camarista Jorge Ballestero, quien junto a su colega Eduardo Farah, dispuso la liberación de los empresarios del Grupo Indalo.

Carrió mencionó dos pedidos de juicio político a Ballestero presentados por el diputado socialista Alfredo Bravo en 1996 y 1998, el primero por irregularidades en la investigación de la mafia del oro y el segundo por incompatibilidad entre estándar de vida e ingresos del juez federal.

No obstante, precisó Carrió, en 9 de febrero de 2000 el Consejo de la Magistratura resolvió desestimar el pedido de apertura de juicio político del entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2.

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En cuanto a Farah, la diputada menciona un artículo del periodista Ricardo Roa, publicada en Clarín el 19 de marzo pasado, bajo el título “Cristóbal López busca otra ayuda judicial”, en la que menciona al abogado Jorge Mazzaglia, quien según Roa sería nexo entre el juez y Cristóbal López.

“Surge (del artículo) que el abogado Jorge Mazzaglia, quien tendría llegada como pocos a los despachos de Comodoro Py, ha sido tiempo atrás, presidente del Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad de Cristóbal López, por lo que debiera investigarse qué tipo de vinculación mantendría a la fecha con éste último y con los magistrados denunciados”, indica la líder de la Coalición Cívica en la nueva presentación.

“Igualmente -continúa-, debiera establecerse si el abogado nombrado tiene algún parentesco con Matías Jorge Mazzaglia, designado el 28 de noviembre de 2012 con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de juzgado para desempeñarse en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Sala I)”.

La diputada de la Coalición Cívica, referente de Cambiemos, presentó esta ampliación de denuncia hoy ante el Consejo, en la misma jornada en la que se desarrollaba una reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación que abrió formalmente un expediente para dar curso al pedido de la Corte Suprema de Justicia de que se investigue la manera en la que se conformó la sala de la Cámara Federal porteña que dispuso la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ACELERÓ LA INVESTIGACIÓN

El Consejo de la Magistratura aceleró ayer su actividad en la misión que le encomendó la Corte Suprema de Justicia para que investigue la forma en que se conformó el tribunal que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Y designó al fiscal Leónidas Moldes como instructor de la acusación. Tras la reunión, Moldes se mostró cauto y señaló que, “por el momento no se ordenó ninguna medida de prueba” dado que “acaba de llegar documentación y, en principio, hay que leer”.

El juez se refirió así al fallo de la Cámara de Casación que llegó al Consejo el viernes pasado y que, a criterio del juez de la Sala I Jorge Ballestero, prueba la intervención de Farah por conexidad y justifica su intervención en la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

El presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, prometió por su parte “desentrañar si había conexidad que justificara” la intervención del camarista Eduardo Farah.