Romero admitió el pago de sobornos a cambio de un decreto de Cristina

El juez Claudio Bonadio liberó ayer al empresario Rodolfo Poblete, uno de los acusados detenidos en la causa de los cuadernos de las coimas. La liberación se dio luego de la confesión de Poblete, quien aseguró que su jefe era Gabriel Romero, dueño del Grupo Emepa.

Romero declaró ayer como imputado colaborador y reconoció que él había ordenado “hacer pagos”, reveló ayer una fuente judicial. Uno habría sido por un decreto que firmó Cristina Kirchner prorrogando la concesión del cobro de peajes a los barcos hasta 2021.

Romero confesó este jueves en su indagatoria, al acogerse al régimen del arrepentido, que “pagó US$ 600 mil en sobornos por el decreto 113/2010”, dijo una fuente judicial al portal de Clarín.

Según informó este medio, “el decreto fue firmado por Cristina Kirchner en el 2010 y prorrogó sin licitación la concesión para esa empresa hasta el 2021, lo que complica más la situación judicial de la ex presidenta”.

“Con esa decreto,revelaron, se definió el negocio multimillonario del drenaje y el cobro de peajes a todos los buques que entran por el canal Mitre a Rosario y luego siguen hasta Asunción”.

“Luego de un complejo proceso de renegociación, Cristina Kirchner firmó el decreto 113/2010 y sin mediar licitación, como corresponde en estos casos, le otorgó a Hidrovías S.A. un tramo muchísimo mayor -1.100 kilómetros- para ampliar los canales hasta llegar a Asunción y le prorrogó la concesión ocho años más, hasta el 2021.

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Cristina había dicho que fue a cambio de que la empresa renunciara a juicios contra el Estado. Desde los ‘90, ninguna empresa pudo competir con Hidrovía S.A”

NEGOCIO MILLONARIO

En 2009, se exportaron 18 mil millones de dólares de cereales desde la hidrovía concesionada por donde pasa alrededor del 80% de las exportaciones agropecuarias del país.

Hidrovía tuvo entre el 2007 y el 2009 “una ganancia anual de 120 millones de dólares”.

Con el decreto de Cristina, el Estado le dio a Hidrovía, además, un subsidio total de US$ 112.500.000 en tres años para ayudar en la ampliación de la primera etapa de dragado del canal (que va desde Santa Fe a Confluencia). Además del peaje que les cobra a los buques de ultramar por transitar por el canal.