La Cámara Federal le ordenó a un juez indagar a Cristina por la ruta del dinero K

Un tribunal federal ordenó ayer a un magistrado que cite a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero.

La Sala II de la Cámara integrada en mayoría por Martín Irurzun y Rafael Llorens le ordenó al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación conocida como “ruta del dinero”, que convoque a la exmandataria para que le “sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas”.

De esta forma, a través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), dos de los camaristas aceptaron parcialmente el recurso de queja que había presentado la Unidad de Información Financiera, algo que rechazó por “improcedente” el tercer integrante del tribunal, Leopoldo Bruglia, al considerar que es decisión del propio Casanello.

Por esta causa hay una veintena de personas procesadas, entre ellos, los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar y el detenido empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández en la provincia de Santa Cruz.

Todos ellos están acusados de lavado de activos al haber montado entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

El juez Casanello investiga en “la ruta del dinero K”. La maniobra se realizó a través de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, una cueva que funcionaba en Puerto Madero.

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En la resolución dada a conocer ayer el juez Martín Irurzún señaló que “la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández”.

“Ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”, agregó.

Con él coincidió el magistrado Mariano Llorens al apuntar que los hechos investigados suponen una “gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones amañadas” y “armadas” para que Báez obtuviera fondos del Estado destinados a la obra pública en Santa Cruz.

La ex jefa de Estado y actual senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires, está involucrada en la llamada causa de los “cuadernos de las coimas”, una presunta red de sobornos en torno a la obra pública durante su Gobierno y el de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.