Quilmes: desafectan a cinco policías e investigan a una fiscal tras denuncias de extorsión

Cinco policías del partido de Quilmes fueron desafectados y una fiscal de ese distrito quedó sujeta a investigación, tras ser denunciados por extorsionar a un grupo de vecinos a cambio de modificar una carátula que los imputaba por el delito de "trata de personas", informaron hoy fuentes de la fuerza.

La decisión fue tomada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Cristian Ritondo, titular de la cartera, ordenó la intervención de la comisaría 3ra. de Quilmes, de la cual los cinco policías formaban parte.

Todo comenzó a partir de una denuncia realizada por un grupo de vecinos que aseguraron haber sido extorsionados por integrantes de dicha comisaría y en presencia de una fiscal del Departamento Judicial Quilmes, a quienes las fuentes identificaron como Ximena Santoro, titular de la UFI 7 de ese distrito. 

Voceros de la fuerza informaron a Télam que los policías les exigían una importante suma de dinero para cambiar una carátula que los imputaba por el delito de "trata de personas".

Los denunciantes sostuvieron además en su denuncia que fueron golpeados y amenazados por los uniformados frente a la representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

Según la investigación realizada por Asuntos Internos, esta operatoria se repitió en al menos cinco allanamientos denunciados por otras víctimas ante la Auditoría, que involucraba a los mismos efectivos señalados y en los que la funcionaria judicial fue la fiscal a cargo de la instrucción.

LE PUEDE INTERESAR

Mataron a apuñaladas a un joven en Los Hornos

LE PUEDE INTERESAR

Confirman que el cuerpo hallado en el Riachuelo es el de Carla Soggiu

Los policías desafectados son el jefe de calle oficial principal Hugo Enrique Coll; y los oficiales Diego Damián Appella, Víctor Emilio Tévez, Jonatan Eduardo Ocampo y el Teniente Claudio Ramón Lugones.

En tanto, el ministro Ritondo ya había denunciado a la misma funcionaria judicial ante la Procuraduría, cuando en octubre del año pasado no permitió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal clausurara un local en el que se realizaban apuestas clandestinas, dijeron los informantes consultados.

Además, el mencionado organismo le había señalado a la fiscal que en esa zona había al menos once puntos en los que se recibían jugadas de quiniela clandestina, y ninguno fue incorporado por la representante del Ministerio Público Fiscal a los allanamientos que dispuso, agregaron las fuentes.