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El objetivo que se propuso la conocida “ley de talles”, sancionada en nuestro país cuando promediaba la primera década de este siglo –que obliga a los comerciantes que venden ropa a contar con medidas acordes a todas las necesidades en las prendas que ofrecen- se ha cumplido sólo muy parcialmente y es evidente que aún falta recorrer mucho camino para que logre alcanzar vigencia efectiva en la Provincia.
Esta situación cobró renovada vigencia ahora, al conocerse los resultados de una encuesta realizada por una ONG internacional que brega por la defensa de los cuerpos, reveladora de que 69 por ciento de la población argentina encuentra dificultades para encontrar ropa a su medida en nuestro país. “El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es de tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada y el 51 por ciento lleva a cuestionar su cuerpo, lo que se traduce en gente insatisfecha con su imagen”, agregó el informe de la entidad AnyBody Argentina.
De acuerdo con ese trabajo, los jeans o pantalones son el tipo de ropa que plantea más dificultades. Una integrante de esa ONG indicó que, por curioso que pueda parecer, el talle más difícil de encontrar en los negocios no es el XXL o el XXS, sino los talles 46 -que es considerado el promedio- y los talles 48, 42 y 50 en ese orden.
En la nota publicada en este diario fueron muchas las mujeres que reclamaron por la falta de talles. La ropa es un derecho que debe adaptarse a los cuerpos de cada individuo y no al revés, dijo una de esas mujeres, que añadió que el fenómeno muy divulgado del talle único constituye una práctica ilógica, que se traduce en una forma evidente de discriminación.
A grandes rasgos, puede decirse que lo que ocurre con la ley de talles se asimila a la situación que plantean muchas otras cuestiones de naturaleza social, que fueron legisladas y que, sin embargo, se cumplen sólo muy relativamente, por no decir que se han convertido en letra muerta. En muchos de estos casos, no sólo se advierte un incumplimiento generalizado de las normas sino, también, un evidente desinterés del Estado en que se vuelven efectivas.
Lo concreto es que aún numerosos jóvenes y adolescentes enfrentan serios problemas para conseguir ropa, por no disponer los negocios de medidas adecuadas para ellos. Es evidente, entonces, que las buenas intenciones de la ley siguen sin verse plasmadas en la realidad. Y en este último caso, correspondería recordar que la norma reglamentaria determinó que los municipios serían los encargados de controlar e imponer las sanciones previstas.
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Lo que está comprobado es que la llamada “tiranía de los talles” provoca, sobre todo en un amplio universo de jóvenes y adolescentes, trastornos de diverso tipo, desde psicológicos hasta físicos. No se puede pretender -como ocurre en la práctica- que las chicas amolden su cuerpo a la oferta de indumentaria. Es obvio que debe ser exactamente al revés. Y esta ley busca, en ese sentido, poner las cosas en su lugar.
Lamentablemente, el objetivo no se ha logrado. Pero nunca es tarde. Lo que hace falta es una genuina preocupación y una adecuada responsabilidad desde los organismos del Estado con incumbencia en esta problemática.
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