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Los gravísimos enfrentamientos ocurridos este fin de semana entre dos facciones de la barrabrava del club Chacarita, antes del partido que debía disputar contra Tigre por la división Primera Nacional, que concluyeron con 98 seguidores del primero de esos clubes detenidos por la policía, volvieron a dejar en evidencia la necesidad de que se adopten acciones –y no que se las postergue indefinidamente- para combatir a estos grupos de malvivientes que han enturbiado a la actividad del fútbol profesional en nuestro país.
Tal como se informó, en la previa del partido los dos grupos de barras que mantienen diferencias volvieron a enfrentarse en los alrededores del estadio de Chacarita y los incidentes tuvieron que ver con antiguas disputas y con el hecho de que varios intentaron ingresar sin entradas a la cancha. Cabría consignar que hace unas pocas semanas habían sido detenidos varios integrantes de la considerada “barra oficial”, acusados de venta de droga, robos y entradas.
Se detalló ahora que poco tiempo antes de la iniciación del partido las dos facciones de la hinchada se cruzaron a metros del estadio y que unos 14 hinchas fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad y violación de la Ley del Deporte (11.929). Los hinchas habían comenzado a enfrentarse con armas de fuego, piedrazos y otros elementos contundentes, mientras el pánico cundía por el vecindario. La actuación de efectivos policiales permitió dispersar a los revoltosos, aunque más tarde se reinició la refriega. Cabría agregar que antes de que terminara el primer tiempo, otros 84 hinchas fueron capturados por la policía cuando intentaban ingresar al estadio sin pagar entrada.
En realidad, importa menos detallar lo ocurrido que tomar en cuenta que tales enfrentamientos y desórdenes pueden ocurrir en cualquier momento, ya que las barrabravas siguen activas en la mayoría de los clubes del fútbol profesional de nuestro país, amparadas por una red mafiosa y por punteros políticos que, entre otras complicidades, suelen contratar sus “servicios”.
Pese a algunas medidas puestas en práctica y a los numerosos proyectos presentados, no se ha logrado, sin embargo, estructurar una política unívoca, que no deje dudas acerca de la intención de la sociedad argentina por depurar al fútbol. Se han perdido así muchas oportunidades para contar con mejores herramientas, para que este deporte no sirva como pretexto para cometer delitos. Ahora se anuncia que dos estadios de fútbol profesional, el de Banfield y el nuevo de Estudiantes, dejarán de contar con alambrado olímpico, en una medida que, acaso, pueda resultar positiva para concientizar a los espectadores.
Se ha dicho y reiterado también en esta columna que el fútbol de nuestro país no puede resignarse a convivir un minuto más con personas que cultivan el delito como modo de vida. Por cierto, debiera preocupar el progresivo poder que vinieron cobrando los barrabravas. No es necesario señalar que, desde los incidentes en los estadios con que se presentaron, estos grupos violentos extendieron su accionar delictivo y se han convertido, ahora, en mano de obra disponible para cualquier actividad mafiosa.
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Desde la denominada ley De la Rúa y otras normas, nuestro país contó con cuadros normativos previsores y, en principio, suficientes para combatir a los barrabravas, aunque siempre faltó la decisión política correspondiente para iniciar esa lucha. Se sigue en deuda con el compromiso contraído por muchos dirigentes –no sólo del fútbol- para despejar el flagelo que significa la presencia de los barrabravas.
Parece llegada la hora, sobradamente, para que el conjunto de la sociedad argentina, en especial los responsables de garantizar la seguridad, no se distraigan de lo que está en juego, que tiene que ver con cortar de raíz los vínculos de toda naturaleza que los barrabravas vienen enhebrando con mafias peligrosas. Resulta inadmisible haber permitido que estos grupos conviertan a un deporte en una pantalla y en un pretexto para delinquir.
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