Discapacidad: los dólares de una funcionaria desplazada

Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, fue procesada ayer en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez federal Sebastián Casanello la imputó como partícipe necesaria junto a su padre, Miguel Ángel Calvete, y otros 17 acusados.

Durante el procedimiento judicial, la Policía Federal Argentina secuestró en su domicilio 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros. Aunque no quedó detenida, la Justicia resolvió que no podrá recuperar ese dinero mientras avance la investigación.

Según la acusación, Calvete habría cumplido un rol operativo dentro de una estructura destinada a obtener beneficios económicos mediante el uso de información estatal. Para el fiscal Picardi, utilizó su cargo público para acceder a datos reservados y facilitar negocios vinculados a su entorno familiar.

La investigación sostiene que, antes de su designación formal y tras el inicio del actual gobierno, realizó averiguaciones sobre áreas internas de la ANDIS a pedido de su padre. Posteriormente, ya en funciones, habría accedido a bases de datos oficiales para proveer listados de empresas importadoras y potenciales clientes.

Uno de los episodios analizados por la fiscalía refiere al envío de información sobre importaciones de fertilizantes, que —según los investigadores— no guardaba relación con las funciones del organismo de discapacidad sino con actividades comerciales privadas.

Intercambios de mensajes bajo análisis

El expediente incluye conversaciones recuperadas de su teléfono celular que, de acuerdo con el juez, demostrarían conocimiento sobre la ilegalidad de las maniobras. Entre ellas, mensajes vinculados a presentaciones comerciales de empresas proveedoras del sector salud y discusiones sobre la utilización de “nombres de fantasía” para ocultar la titularidad real de firmas involucradas.

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También se incorporaron chats posteriores al inicio del escándalo mediático, en los que la ex funcionaria alertaba a su padre sobre movimientos policiales en su edificio y consultaba posibles explicaciones sobre el origen del dinero hallado en su domicilio.

La fiscalía investiga además si Calvete facilitó la inserción de allegados en contratos con el Estado. Bajo sospecha figuran Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras de su padre, quienes habrían facturado alrededor de 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina entre febrero y octubre de 2025.

Los investigadores analizan si esas contrataciones formaron parte de una estructura destinada a canalizar recursos públicos hacia personas vinculadas al grupo.

El procesamiento no implica una condena, pero el juez consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación mientras continúa la investigación. La causa sigue en etapa de instrucción y podría derivar en nuevas medidas judiciales.

La defensa de la ex funcionaria negó que el dinero secuestrado haya estado bajo su administración y cuestionó la interpretación de las comunicaciones analizadas por la fiscalía. La resolución final dependerá del avance del expediente y de la evaluación de las pruebas en instancias posteriores.