El Tribunal Oral Federal 7 de esta capital rechazó un pedido de excarcelación en favor del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa "Cuadernos", por entender que siguen vigentes "los riesgos procesales" expuestos en el expediente, como sus posibles influencias como ex alto funcionario para, por ejemplo, "sustraer" los "activos producto del delito", informaron hoy fuentes judiciales.
"No han sido incorporados nuevos elementos de juicio que echen por tierra lo sostenido por el juez de primera instancia en ocasión de dictar sendos procesamientos con prisión preventiva en la etapa anterior del proceso", dice el fallo que lleva las firmas de los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.
En ese sentido, el Tribunal sostuvo que "los riesgos procesales oportunamente analizados respecto del imputado se mantienen inalterables".
"Con esto no se quiere decir que el mero carácter de miembro de una asociación ilícita abra paso a detenciones irreflexivas, sino que tal cualidad puede potenciar la presencia de riesgos procesales", dijeron los camaristas.
Y añadieron: "tuvimos en cuenta, especialmente, la presencia de funcionarios públicos que se desempeñaron en los más altos cargos de la administración nacional o que mantenían un estrecho vínculo con quienes ocupaban tales puestos estratégicos".
"Por otra parte, también valoramos que a la fecha no ha logrado establecerse dónde se encontrarían gran parte de los activos producto del delito y consecuentemente, que se impone la necesidad de impedir que los encartados puedan efectuar cualquier maniobra tendiente a sustraer tales bienes del alcance de la justicia", remarcaron los jueces.
Se trata de la segunda presentación que rechaza la justicia federal a la defensa del ex funcionario kirchnerista luego de que el Gobierno oficializara la resolución aprobada por el Congreso referida al nuevo Código Procesal Penal que incluye artículos con pautas específicas para limitar la aplicación de las prisiones preventivas.
El Tribunal Oral Federal 1 se negó ayer a conceder la excarcelación al ex ministro en la causa que investiga la defraudación al Estado en la reactivación de la mina carbonífera de Río Turbio, al entender también que existían "riesgos procesales".
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