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Un fiscal denunció un sistema ilegal de recaudación en la Federal de Santa Fe

Procesó a los dos jefes de la delegación y a 5 efectivos. Se basaba en el cobro de protección a narcos, según la presentación

Un fiscal denunció un sistema ilegal de recaudación en la Federal de Santa Fe
9 de Diciembre de 2019 | 02:39
Edición impresa

Un fiscal federal de Santa Fe denunció y pidió las indagatorias del ex jefe de la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA), Marcelo Lepwalts, y de otros cinco integrantes de esa dependencia acusados de haber desarrollado “un sistema recaudatorio” para cobrar protección a narcos y utilizar drogas secuestradas para “embagallar” a otros, informaron hoy fuentes judiciales.

Según escuchas telefónicas en las que se basa la acusación, el sistema funcionó para “todos por igual” y “sin importar jerarquías”, se indicó.

“Incluía el ofrecimiento de cobertura policial a personas presumidas de realizar actividades delictivas a cambio de una suma de dinero periódica, la cual se mantenía vigente hasta que se decidía que, como se verificó en algunos casos, debían ser privadas de su libertad ambulatoria por no resultar funcionales al sistema”, describió en la denuncia el fiscal Walter Rodríguez,

El funcionario judicial pidió las indagatorias de Lepwalts y los integrantes de la delegación Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos; algunos de los cuales tenían antecedentes de sumarios administrativos por su desempeño Villa María, Córdoba, destino anterior a Santa Fe.

Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro fueron procesados en mayo último por los delitos de “falsedad ideológica, encubrimiento, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes”, mientras que la misma resolución procesó a Duarte y a Bustos por “tenencia simple de estupefacientes”.

La delegación Santa Fe fue allanada el 9 de mayo y en el inmueble se secuestró dinero en efectivo -que el fiscal presume como parte de la recaudación ilegal- y estupefacientes que según la investigación no pertenecían a ningún caso oficial.

En la denuncia, el fiscal Rodríguez señaló que un grupo policías conformó una asociación ilícita, extendida entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo pasado, cuando fueron detenidos y allanada la delegación.

La presentación se fundó en la declaración del padre del policía Gómez Navarro, quien describió ante el fiscal la presunta existencia de un sistema recaudatorio institucional y ascendente en la jerarquía de la PFA.

Según la acusación, en una de las escuchas del 23 de diciembre de 2108, Arbildo le dijo a Gómez Navarro: “Te diste cuenta que es todos por igual... sin importar jerarquía”, dijo. Su interlocutor, respondió: “Sí, olvídate. A mí me incluyeron”, respondió el segundo, a lo que Arbildo agregó: “Y eso es lo bueno de este grupo”.

Rodríguez sostuvo que “resulta de imposible cumplimiento una investigación dirigida a revisar ‘la historia’ de una institución”, por lo que acotó la pesquisa al plazo antes indicado y a la delegación santafesina de la fuerza.

A su vez, el fiscal desechó el testimonio del padre de Gómez Navarro al tratarse de un familiar de un imputado en otro caso, aunque lo valoró como “elemento indiciario”, que cotejó con otros expediente en los que están involucrados los policías y con una pesquisa realizada por el Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial.

Para el fiscal, la investigación halló la presunta “configuración de un sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro personal de cada uno de sus integrantes”.

Y sostuvo que “el mecanismo recaudatorio” procuró “la obtención de dinero como así también de material estupefaciente de parte de personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales”, se señala en la resolución.

Según el fiscal, “los resultados de tales procedimientos en algunas oportunidades eran ocultados -en todo o en parte- a las autoridades judiciales, y en particular el dinero obtenido, era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, y en el caso del material estupefaciente, una porción resguardada para ‘embagallar’ en futuros procedimientos”, continuó.

 

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