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Ya se ha dicho hace años en esta columna que la Región se encuentra acosada por mafias dedicadas a usurpar tierras para después venderlas. Lo cierto es que el fenómeno de las usurpaciones no cede y ahora se acaba de denunciar otra toma de terrenos, esta vez en Lisandro Olmos, según anticiparon los dueños de los lotes y vecinos de la zona. Como se sabe, episodios similares se vienen presentando últimamente en City Bell, El Rincón, El Retiro, Villa Elisa, Berisso, Etcheverry, Abasto, Los Hornos, Arana, Aeropuerto y La Hermosura, entre otros barrios y localidades.
Según se informó, en esta oportunidad la ocupación ilegal comenzó días atrás cuando un grupo de intrusos ingresó en lotes situados en un tramo de la calle 197 entre 54 y 60. Enterados de la situación los propietarios radicaron la denuncia y reclamaron que se instale en ese lugar una vigilancia policial, ante la posibilidad de que ingresen más ocupantes al predio invadido. En este caso se detalló que las tierras tomadas se encuentran detrás de la cárcel de Olmos, cerca de una zona de fuerte crecimiento comercial, según consta en la denuncia ante la UFI 17 que actúa en la causa judicial.
Como muestra de la anomia y de la ausencia del Estado, las usurpaciones de tierras marcan uno de los más típicos y negativos ejemplos. Ocurre que, cuando se las tolera, sobreviene una serie de consecuencias de enorme gravedad: entre otras, la aparición de asentamientos poblacionales precarios, carentes de toda infraestructura de servicios, derivándose de ello una degradación de la calidad de vida de todo el contorno.
También ahora se conocen las enormes dificultades que plantea la prolongación de la Ruta 6 –una obra de gran importancia para el desarrollo integral de la Región- ya que debió abandonarse el eje original previsto, que se conformaba por la avenida 90, a raíz de que uno de sus tramos había sido literalmente “engullido” por las múltiples usurpaciones que impidieron la traza de esa vía caminera, debiéndosela cambiar por la de la calle 630. Como se sabe, se habla de una ruta que podrá conectar al Puerto La Plata con grandes ciudades y pujantes centros industriales del país.
Está claro que la Región tampoco puede permitirse un crecimiento urbanístico anárquico y desorbitado, como el que se desprende de las usurpaciones. Ello, al margen de que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la toma sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en la zona.
Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un dilema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.
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