Es sabido que en los momentos de crisis económicas suele experimentarse un auge de las actividades ilegales, que no se circunscribe, por dar un primer ejemplo, a la venta ambulante, sino que se irradia hacia distintos quehaceres, en los que resulta más dificultoso constatar su grado de legitimidad. Ese contexto caracterizado por las emergencias sociales, sin embargo, no debe traducirse en una mayor permisividad por parte de los organismos del Estado, sino que, por el contrario, deben intensificarse los controles previstos para evitar más desbordes y consecuencias.

Un caso típico se presenta con los transportes de escolares y de pasajeros en nuestra ciudad, que pueden poner en serio riesgo –justamente- por no cumplir con reglamentaciones- la seguridad y la vida de miles de personas. En este sentido resultan necesarios y justificados los operativos que la Municipalidad impulsó en las últimas horas, destinados a establecer un nuevo esquema de controles para los transportes de escolares.

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Según se informó desde la Comuna, se avanza en imponer un sistema de verificaciones diarias sobre los vehículos escolares, tanto en el horario de ingreso como de salida de los diversos colegios, supervisando la documentación de los vehículos y las condiciones de seguridad de los mismos.

Cabe recordar que a mediados del año pasado, la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares de La Plata efectuó un pedido a la municipalidad platense para que se intensificaran los controles contra el transporte trucho, que, según dijeron, por carecer de seguros y no contar con las verificaciones técnicas y la documentación exigible, generan peligro para los chicos que transportan. Se conoce también que existen remiserías que funcionan sin poseer ningún tipo de habilitación municipal

A grandes rasgos debe decirse que el transporte clandestino de pasajeros –que incluye a muchos ómnibus particulares carentes de toda habilitación- origina una justificada inquietud. Es evidente, entonces, que resultaría extremadamente negativo que los organismos municipales competentes no actúen con el debido rigor, en defensa también de principios de igualdad ante la ley.

Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo, ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad, las autoridades deben extremar los controles que se realizan. No sólo para proteger los derechos de los eventuales pasajeros, sino para impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal.

La situación también plantea, como se ha dicho, un crítico cuadro de competencia desleal, porque el transporte ilegal, al no cumplir con los seguros obligatorios y otros requisitos, pone en desventaja al legalmente habilitado.

En este sentido, también, es fundamental que el municipio ajuste los mecanismos de contralor y los aplique en forma sostenida. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías al servicio de transporte de pasajeros.