No quiere sentarse en el banquillo

En el kirchnerismo cayó como una bomba de profundidad la rectificación de la Corte. Puertas adentro, había festejado la decisión de la mayoría de los jueces supremos de requerir el expediente de la causa por la cual Cristina Kirchner comenzará a ser juzgada el próximo martes. Pero ayer se sumió en un silencio espeso que traslució la angustia de la ex presidenta por tener que sentarse, finalmente, en el banquillo de los acusados.

La principal dirigente de la oposición al Gobierno de Cambiemos se verá así obligada a posar para una fotografía indeseada para cualquier político ante una inminente campaña electoral. Ante el mismo tribunal también deberá comparecer Lázaro Báez, el empresario que aglutinó buena parte de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y que está preso desde hace dos años.

Pero según pudo saber EL DIA, hasta último momento no se sabrá si Cristina efectivamente asistirá a la primera audiencia del Tribunal Oral Federal 2, que se realizará en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. La presencia de la ex mandataria es obligatoria en el comienzo del juicio, pero como es senadora nacional y tiene fueros, los magistrados no la pueden llevar por la fuerza pública.

El juicio comenzará a un mes de que venza el plazo para inscribir las candidaturas nacionales y en momentos en que la ex presidenta se ubica primera en las encuestas de intención de voto. Por ende, la estrategia judicial que seguirá su defensa no se limitará a las cuestiones legales, sino que también atenderá la necesidad política. En el kirchnerismo miran a su jefa en el espejo de Lula, el ex presidente de Brasil que fue preso y no pudo ser candidato en 2018.

¿Qué pasó entre el martes por la tarde y la noche del miércoles para que la Corte cambiara de postura? En el máximo tribunal insistían ayer en aclarar que el oficio enviado al TOF 2 –para que remitiera el expediente de la causa Vialidad- nunca significó la suspensión del juicio oral, pero el fiscal de la causa, Diego Luciani, interpretó otra cosa. Y también lo hicieron el Gobierno y los vecinos porteños que manifestaron su repudio por medio de un cacerolazo.

Si bien la protesta no fue masiva, se hizo escuchar justamente en los barrios en los que viven los jueces supremos y que coinciden con la histórica base electoral del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. El hecho de que la Corte haya solicitado el expediente en un oficio de una línea y media, sin las firmas de los jueces, alentó las sospechas de que no estaba persiguiendo el debido proceso sino beneficiando a la ex presidenta en una suerte de pacto de impunidad.

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El comunicado de la Corte apareció con acotaciones informales

Con el presidente Macri a la cabeza y la diputada Elisa Carrió como ariete judicial, el Gobierno en pleno salió a poner en evidencia esa situación. La Corte reaccionó ayer en forma desprolija, con un comunicado que no estaba listo para ser publicado. Un síntoma de que sintió la presión política externa y la rebelión interna por la falta de transparencia.