El uso de drogas, tanto legales como ilegales, sigue creciendo en la Argentina. En los barrios, el dealer se ha incorporado como un actor más en la vida social, tanto proveedor como prestamista. La industria del alcohol, con la anuencia de padres ausentes, la complicidad de comerciantes sin escrúpulos y el factor estímulo de la publicidad, ha logrado motorizar una epidemia de consumo precoz en nuestros jóvenes. Y la banalización del uso de la marihuana ya no se cuestiona, porque es políticamente incorrecto hacerlo.

Frente a este panorama, hoy tenemos una política oficial de drogas circunscripta al plano estrictamente represivo, que infiere que menos droga en circulación redunda en menos personas consumiendo. Esta simplificación sustancio-céntrica deja de lado toda la complejidad social, contextual y sanitaria que lo antecede, y descarta el necesario balance entre el control de la oferta y la reducción de la demanda.

La muestra más cabal del desinterés oficial por el enfoque socio-sanitario se expresa en el desguace de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, a fines del 2016, y en el actual desfinanciamiento de estas políticas preventivas y asistenciales nacionales: del 2018 al 2019, el presupuesto oficial de la ex SEDRONAR sufrió un recorte del 0,4%.

A nivel provincial, hace años que no existen lineamientos claros en materia de políticas integrales sobre drogas. Como agravante, hoy se registra un doble comando en el abordaje de esta temática, como si la complejidad del problema pudiera abordarse desde dos compartimientos estancos sin articulación. La Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud Física, Mental y de las Adicciones del Ministerio de Salud por un lado, y la Dirección de Prevención Socio-Comunitaria en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, por el otro.

La situación de los CPA también se encuentra bajo la lupa por el cierre de dispositivos, cuestionamientos a la precarización de los empleados y deficiencias edilicias de muchas de las sedes. El panorama se completa con profesionales desbordados por la demanda de tratamiento, sin posibilidad de realizar seguimiento personalizado, abordaje territorial ni trabajo comunitario en red.

El uso de drogas, tanto legales como ilegales, sigue creciendo en la Argentina. Para las políticas de enfoque represivo, nuestros pibes son imputables. Y para las políticas de ajuste de la gestión actual, nuestros pibes son sujetos descartables.

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(*) Analista en políticas públicas sobre drogas