Detienen a otro funcionario de Educación bonaerense por una millonaria estafa

La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia ordenó ayer la detención de Néstor Casado, funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, sospechado de haber cometido una estafa millonaria con una serie de malversaciones de fondos destinados a combustible y otros gastos para automotores.

La medida de coerción fue dispuesta luego de que la Sala III de la Cámara Penal rechazó una apelación de la defensa de Casado contra la denegatoria de eximición de prisión. El funcionario ya fue detenido y será indagado hoy por la fiscal Cecilia Corfield, porque su par Juan Cruz Condomí Alcorta, quien tiene a su cargo esta causa, actualmente está de licencia.

En esta investigación ahora queda por resolver otra apelación presentada por al defensa de otro funcionario de la cartera educativa, Horacio Mancowski, quien tiene una eximición de prisión denegada por la jueza Garmendia, a tratar por la Sala III de la Cámara.

En tanto voceros judiciales informaron que la investigación avanza ahora hacia otros funcionarios de Educación y también sobre otras personas habrían prestado colaboración para llevar adelante las presuntas maniobras fraudulentas con la compra de insumos para la DGC y E.

En esta causa, la semana pasada, la jueza Garmendia dictó la preventiva de los procesados Gustavo Chiramberro, Diego Burgos y Walter Cejas.

Los dos primeros son funcionarios de Educación, mientras que el tercero es el “playero” de la estación de servicio situada en 44 y 31, sorprendido en un operativo con 15 tarjetas de débito de la cartera educativa, que serían usadas para las maniobras delictivas en investigación.

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Hay “elementos suficientes” para sospechar “que desde fecha indeterminada y al menos hasta el 24 de abril de 2019, al menos un hombre, coactuando al efecto con al menos otros cuatro, funcionarios de la DGCyE, utilizaron en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito que le fueron otorgadas por el Banco Provincia al área de Administración antes nombrada, las cuales eran recargadas con fondos públicos, haciendo falsas compras de combustible, pero extrayendo dinero a cambio”. se explicó.

“La dirección -se agregó- de Servicios Generales la DGCyE era la encargada de administrar las tarjetas, siendo su director uno de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables uno como Jefe de Movilidad (Burgos) y el restante (Chiramberro), como responsable de la rendición de cuenta”.

En esta línea, detalló que “atento la cantidad de tarjetas utilizadas (unas 600), las mismas eran aportadas en conjunto por los miembros que las administraban en el organismo estatal y que eran responsables directos del control y rendición de cuentas de los montos no solo asignados a combustibles”, precisó. El fiscal encuadró el caso como “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.