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JUAN A. PORTESI (*)
Las desacertadas, por inexactas, manifestaciones del ministro de Defensa, Oscar Aguad, respecto de los sucesos de Semana Santa, hacen necesario recordar cómo -desde el Gobierno- se vivieron aquellas jornadas, que sí pusieron en peligro el orden institucional.
El veterano de Malvinas Aldo Rico, alzado en Semana Santa, luego en Monte Caseros, con muertos en la segunda oportunidad , y más tarde convencional constituyente provincial por el partido MODIN, y por último intendente de San Miguel por el Partido Justicialista, dirigió la insurrección contra el Gobierno institucional, no reconociendo la cadena de mandos.
Esas acciones de los “carapintadas” generaron una enorme inquietud y profundo rechazo por parte de una sociedad que había estado siete años agobiada por la dictadura militar. Además la presencia militar y la posibilidad de interrupción del mandato popular era en 1987, un factor a tener en cuenta para comprender la situación.
A cargo entonces de las fuerzas de seguridad de la Provincia desde el Ministerio de Gobierno, dimos órdenes muy claras y precisas en el sentido de resistir todo lo posible por si se intentaba alterar el orden constitucional, manteniendo permanentemente en contacto con el Ministerio de Defensa de la Nación, y en particular con el Dr. Horacio Jaunarena, ya que la Provincia no tomaría acciones directas por sí sola si no provenían las órdenes y directivas de ese Ministerio.
Se trazó un plan de contingencia que habla bien a las claras sobre la gravedad de la situación. Así se planeó dispersar a las autoridades de la Provincia para que no quedara el Gobierno acéfalo por si los alzados proseguían con su insubordinación y atentaban contra el orden constitucional.
Concretamente el Gobernador Alejandro Arméndariz haría base en la ciudad de Nueve de Julio, la Vicegobernadora Elva Roulet en Tornquist , el vicepresidente del Senado, Amílcar Zufriategui, y el Presidente la Cámara de Diputados, Pascual Cappelleri, lo harían en distintas lugares del Gran Buenos Aires.
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No en vano la Suprema Corte de Justicia de la Provincia suscribió por unanimidad una acordada que establecía declararse en sesión permanente hasta que el episodio estuviera solucionado, a la vez que afirmaba enfáticamente su apoyo a la democracia republicana.
Debo destacar además que la labor de Policía de la Provincia en esa difícil situación fue impecable, pudiendo mencionar la excelencia de la información obtenida por distintos medios, el cerco que se hizo en Campo de Mayo para evitar que la población pudiera intentar, con los consiguientes e inevitables enfrentamientos y derramamiento de sangre, en la gran base militar en donde estaban atrincherados los carapintadas (esto mereció una felicitación del Jefe de la guarnición), la defensa de las sedes de los Poderes constituidos, en Casa de Gobierno lo hizo el GOE., cuyo Jefe -Julio César- pernoctó al igual que el SS. de Gobierno, García Ghiglione, en el despacho del Ministro, en donde permanecieron las más de 48 que duró la rebelión, a la que puso fin el Presidente de la República con sus histórica presencia exigiendo rendición a los amotinados.
Además se solicitó al Ministerio de Obras Públicas (Ing. Serra) la puesta a disposición de toda la maquinaria pesada existente en la zona de La Plata y se planificaron las acciones a poner en práctica para evitar o dilatar el desplazamiento de unidades blindadas, por si el Regimiento de Magdalena se sumaba a la rebelión.
Por último en este breve recordatorio haré referencia a que se había dispuesto no entregar la Casa de Gobierno a los carapintadas, sin oponer resistencia, obligándolos a pasar a los hechos por si las tropas intentaban ocuparla.
La historia de lo acontecido esos días en la Capital de la Provincia debe registrar estos hechos para que la desmemoria o el desconocimiento de algunos, tergiversen lo que sucedió.
(*) Minist. Gob. Pcia. de Bs. As. (1983-1987)
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