Asegurar el acceso de los jubilados a los medicamentos

El pedido formulado al PAMI por la Federación Argentina de Farmacias (Facaf) para que se contemple la crítica situación que enfrentan los afiliados a esa obra social por el mayor costo de los medicamentos, pone en evidencia el comprensible estado de angustia que viven miles de afiliados ante las dificultades que plantea el mayor costo de los medicamentos. La entidad aludió a la devaluación que se registró en las últimas jornadas y a las consecuencias que podrían sobrevenir, por lo que solicitó que se lleven adelante medidas para “garantizar la sustentabilidad del convenio con el Instituto”.

Los farmacéuticos señalaron que lo más trascendente para la vida del convenio prestacional es solucionar la brecha existente entre los nuevos precios de venta al público de los medicamentos y el precio PAMI, que ha llegado, aseguraron, a los límites que superan todo tipo de sustentabilidad para la prestación farmacéutica, generando para muchos de los productos dispensados del vademécum quebrantos mayores al de 48 puntos porcentuales.

La Facaf que nuclea a 5.000 farmacias en todo el país formula asimismo otra serie de demandas de tipo sectorial, que habrán de ser seguramente analizadas por las autoridades, aún cuando lo prioritario que subyace y surge de este petitorio -que excede, incluso, a los alcances propios del Pami- es la necesidad de garantizarle a la población, aún en estas críticas circunstancias, el acceso a los medicamentos que le demanda la debida atención de su salud.

Cabe señalar que el año pasado los farmacéuticos platenses ya habían reclamado que se discutiera un nuevo con la obra social nacional que fuera sustentable, para poder mantener la prestación. En este contexto, el Colegio de Farmacéuticos platense recordó que el último acuerdo había sido firmado a principios de 2018 con una estimación de inflación que, luego, la realidad había superado con creces.

Estas situaciones no son nuevas. Hace poco más de tres años causó una gran inquietud el alerta formulado por los farmacéuticos bonaerenses, en el sentido de que peligraba la provisión de insulina a los afiliados del PAMI, a raíz de un atraso en los pagos que, según aseguraron, mantenía la obra social de los jubilados. Los profesionales nucleados en el Colegio de Farmacéuticos provincial advirtieron entonces que, mientras los pacientes insulino dependientes reclamaban la correcta aplicación de la ley nacional de diabetes, los atrasos en los pagos de la obra social se traducían en graves y potenciales riesgos para la salud de los pacientes.

Se está hablando siempre de situaciones traumáticas e injustas -que se presenta también en otros organismos y obras sociales-, para quienes a lo largo de una vida han aportado y merecen un trato correspondiente. Es incontrastable que los afiliados tienen derecho a una completa y constante cobertura médico-asistencial, tanto en lo que se refiere a la atención como a los medicamentos que deben recibir.

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En oportunidades parecidas a la actual, los farmacéuticos confirmaban que, pese a las graves coyunturas que atravesaban, sostendrían -como lo hicieron- la atención al público, en espera de que se acordaran nuevas condiciones con la obra social, que tiene más de 5 millones de afiliados en todo el país. En correspondencia, las autoridades de la obra social se comprometieron siempre a asegurar los servicios a los afiliados.

Debe recordarse que el PAMI y muchas otras obras sociales existen por sus afiliados, que son quienes los sostienen con sus aportes mensuales. Se ha dicho en forma insistente aquí que el acceso a la salud es un bien y una garantía inalienables, cuya atención integral debería verse garantizada inexcusablemente. En este caso, lo que podría verse en juego es el derecho de personas jubiladas a contar con los medicamentos que su mejor estado de salud reclama. Estos y otros antecedentes obligan a extremar esfuerzos en la búsqueda de soluciones al problema planteado.