La Justicia y un caso polémico: ¿la carencia autoriza a delinquir?

¿Un caso de necesidad justifica al hecho de cometer un delito? El tema, polémico, divide las aguas judiciales y ayer encontró un nuevo motivo de debate al conocerse que un fiscal federal solicitó el sobreseimiento de una mujer trans acusada por tenencia de estupefacientes para la venta, por considerar que está “en una situación de extrema vulnerabilidad” ya que “carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral” y para gozar de sus derechos “a la salud, al trabajo y a una vivienda digna”.

Se trata del fiscal Franco Picardi, quien sostuvo en un escrito que la imputada, de 35 años, a la que calificó como “sobreviviente”, se veía “sumamente restringida” y el motivo por el que se la procesó “tenía que ver con el único medio de subsistencia posible” para ella.

Este caso en particular se refiere a una mujer trans de nacionalidad peruana que fue detenida en febrero de 2018 a raíz de una denuncia radicada por la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que observó en cámaras de seguridad que vendía sustancias a pocas cuadras de la Plaza Constitución.

Tras una serie de allanamientos y peritajes a su teléfono celular, fue procesada por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, medida confirmada luego por la Cámara Federal.

¿Padecer alguna carencia podría convertirse en un justificativo legal para cometer delitos?

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En esas actuaciones, la fiscalía pidió la realización de un informe socioambiental que incluyó estudios sobre su autopercepción de género, salud, educación, inserción laboral, condiciones socioeconómicas y exposición a situaciones de violencia física y sexual. Y con los resultados del análisis, el fiscal entendió que en este caso existe un “estado de necesidad disculpante” y por eso le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que sobresea a la imputada, tal como ocurrió en otra causa similar contra cinco mujeres trans en la que intervinieron tanto él como el juez Sebastián Casanello.

¿LA VULNERABILIDAD JUSTIFICA AL DELITO?

Los argumentos utilizados por el fiscal para solicitar el sobreseimiento de la acusada se refieren, básicamente, a su “vulnerabilidad”, sus “padecimientos”, y a la falta de oportunidades laborales.

¿Sería justificable entonces que cualquier persona que esgrima esas carencias estuviera autorizada a robar o a cometer otros delitos?

“Nos encontramos ante una mujer trans en una situación de extrema vulnerabilidad -argumentó el fiscal Picardi- que por problemas sistémicos carece de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, al derecho a la salud, al trabajo y a una vivienda digna; todo lo cual, en definitiva, la pone frente a un marco en el que su vida misma se ve amenazada”.

Además, consideró que la acusada pertenece a un colectivo “especialmente desaventajado y que arrastra una historia de vulneraciones de derechos significantes”, y que las actuaciones legales y policiales sobre ella “fueron herramientas clave para la persecución, hostigamiento y criminalización de homosexuales, transexuales y disidentes sexuales”.

EL CASO

Según trascendió, la sospechosa habría comenzado a vivir conforme su identidad de género sólo en espacios sociales nocturnos desde los 18 años, donde conjuntamente habría comenzado a prostituirse en lugares socialmente habilitados para la vivencia de su identidad.

Esta situación fue tomada por la fiscalía en su pedido de absolución, citando que “esos espacios marginales están históricamente vinculados a la proliferación de las actividades prohibidas, como la prostitución y la venta de drogas”.

“Lo expuesto -concluyó- permite vincularla con meridiana claridad con una vida plagada de padecimientos, donde se encuentran presentes muchas de las vulneraciones que fueron expuestas y que pesan sobre la población travesti y transexual”, por lo que “el esfuerzo para ser alcanzada por la selectividad del poder punitivo es mínimo”.