Para el Gobierno, el acuerdo político de consenso que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar la “Carta de Intención” que se está negociando en estas horas; se traducirá en una acción concreta: la aprobación por ley, con el mayor apoyo legislativo posible, de cuatro proyectos concretos que tienen que ver con el contenido del potencial Facilidades Extendidas que se cerraría entre el país y el organismo.

Los cuatro proyectos son el propio acuerdo que se firmaría con el organismo, la reforma previsional, la tributaria y el compromiso fiscal plurianual. En la intención del Gobierno, estos cuatro proyectos, junto con el Presupuesto 2021, incluirían todas las metas a las que se comprometería el Ejecutivo ante el organismo que maneja Kristalina Georgieva, y cumplirían largamente el reclamo del FMI sobre la necesidad de un acuerdo político-económico que garantice que lo que se eventualmente se firme, luego se cumpla, según Ámbito.

Este requerimiento del Fondo quedó en claro cuando al finalizar la misión de Buenos Aires encabezada por el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozac, ya de regreso en la sede de Washington se distribuyó un comunicado que afirmaba que los visitantes recibieron “positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI, así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social” .

Más allá de las palabras de ocasión prudentemente escritas y comunicadas, el responsable del caso argentino y la directora Ad Hoc para el hemisferio occidental, insistieron en todas las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires durante casi dos semanas por diferentes despachos oficiales y oficinas de entidades privadas; en que además de metas cambiarias, fiscales, monetarias e impositivas mensurables; el país necesita un consenso político con, al menos parte, de la oposición; para garantizar que estas se mantengan en el tiempo.

El reclamo de Cubeddu y Kozac se justifica en el pedido de un Plan de Facilidades Extendidas, aún en una versión renovada. Al ser un acuerdo de 10 años que comenzaría a aplicarse desde el primer semestre del 2021, culminaría en el mismo período de 2031. Esto implica que el actual Gobierno de Alberto Fernández cubriría los primeros tres meses del período del acuerdo pactado con el FMI, con el condimento que podrían ser los únicos tres sin liquidaciones de cuotas. Luego, en los últimos siete años de vigencia del Facilidades Extendidas, donde semestralmente habría que pagar dos cuotas anuales para devolver los U$S44.800 millones que se le deben al organismo, gobernaría, al menos en un tramo, algún otro presidente; democráticamente con probabilidades de ser de otro signo político. Y, obviamente, para el FMI lo importante luego de negociar condiciones para el acuerdo, es garantizar que el país cumpla esas metas y respete el acuerdo. Y, para esto, en términos de reclamos, se necesita el compromiso de la clase política argentina para recomendar la aprobación final ante el board.