La Corte avaló el traslado de dos de los jueces, pero en forma provisoria

Finalmente, la Corte Suprema resolvió que dos jueces que investigaron a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción podrán continuar en sus cargos pero de forma provisoria. Llegó a esta resolución con los votos de una mayoría integrada por Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, en tanto que Elena Highton de Nolasco lo hizo de modo concurrente y Carlos Rosenkrantz (su presidente), en minoría y disidencia.

El máximo tribunal estableció por mayoría que la salida de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia del tribunal al que fueron trasladados durante el gobierno del conservador Mauricio Macri se concretará una vez que se realicen nuevos concursos para ocupar esos cargos, según el fallo.

La Corte entendió con su polémica resolución que existe un “único” procedimiento para designar jueces que consiste en la selección de una terna de aspirantes por parte del Consejo de la Magistratura, la elección de un candidato o candidata por el Ejecutivo y el acuerdo del Senado para su designación, un proceso que en los casos de los dos magistrados no se cumplió.

Por eso, si bien Bruglia y Bertuzzi permanecerán en sus cargos de traslado, la Corte rechazó la acción de amparo que habían presentado para que se entendieran como “definitivos” sus cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

“Nunca hubo en el derecho argentino ni en la designación de los actores una referencia a que el traslado sea definitivo, por lo tanto, no hay derechos subjetivos ni aplicación retroactiva de la ley”, dijo la Corte en sus fundamentos y concluyó: “Las costumbres contrarias a la Constitución no generan derechos”. Dispuso además que se deberá tramitar el acuerdo del Senado que dispone la Constitución, y exhortó al Congreso Nacional a que dicte una ley que reglamente el traspaso de los magistrados y puedan así salvarse conflictos de poderes y de interpretación de las normas constitucionales que atañen a los jueces, sus designaciones y funciones.

De esta forma la Corte medió en el pulso que mantienen el gobierno de Alberto Fernández y la oposición en torno a estos magistrados cuyos traslados habían quedado sin efecto en septiembre por el Senado, controlado por el kirchnerismo. Bertuzzi y Bruglia recurrieron entonces a la Corte Suprema para que interviniera.

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Tanto en el oficialismo como en la oposición no hubo en público opiniones sobre la decisión del máximo tribunal, pero puertas adentro, en el Gobierno y sobre todo en el sector kirchnerista, celebraron que no hayan confirmado la continuidad plena de ambos jueces; mientras, dirigentes de Juntos por el Cambio mostraron su preocupación y aseguraron que es “a la medida de Cristina Kirchner”.

En su voto en minoría, Rosenkrantz, el presidente del tribunal, reiteró la “gravedad institucional” que a su entender supuso el desplazamiento de los jueces y que la suspensión de sus traslados representaba una violación a la “garantía de inamovilidad” que consagra la Constitución para los magistrados.

El alto tribunal se pronunció luego de más de un mes de análisis sobre posibles salidas jurídicas al per saltum presentado por los magistrados, cuando quedaron en suspenso sus traslados, a partir de que el Consejo de la Magistratura dispuso su revisión porque carecían de la aprobación del Senado.

En los hechos, los jueces permanecerán en sus cargos y todos sus actos anteriores y posteriores al fallo serán válidos, aún cuando en paralelo deban tramitar el acuerdo del Senado que la Corte consideró un requisito insalvable.

Pero, además, Bruglia y Bertuzzi deberán concursar para los cargos junto a otros postulantes en el Consejo de la Magistratura, como parte del trámite habitual de designación de magistrados.

Si bien existe un concurso abierto que es el 412, la Corte dispuso que se abra uno nuevo para que se dirima quiénes serán los ocupantes de los cargos que ocupan Bruglia y Bertuzzi en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y para los que ni concursaron ni tuvieron el acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi, que no quedaron conformes y hasta deslizaron la posibilidad de renunciar, eran jueces de un tribunal oral y en 2018 fueron trasladados por decisión del entonces gobierno de Macri a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, donde confirmaron fallos de primera instancia sobre presuntos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Cristina Kirchner, como la causa de los cuadernos.

El otro caso

En los próximos días está previsto que la Corte se pronuncie sobre el caso de un tercer juez, Germán Castelli, quien pasó de un tribunal oral de la provincia de Buenos Aires a otro de la Capital que tendrá a cargo el juicio oral contra Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios por el supuesto pago de millonarios sobornos en contratos de obra pública.

Estableció asimismo que la constitución sólo admite la designación de jueces por concurso y a través de una terna de candidatos propuesta por el Consejo de la Magistratura de la que el Ejecutivo elige a un postulante que debe ser aprobado por el Senado. Tanto en el Consejo como en la Cámara alta, el oficialismo tiene mayoría.

La Magistratura es el encargado de nombrar y ratificar a los jueces y fiscales. Está integrado por tres jueces y seis legisladores, tres senadores y tres diputados, dos de la mayoría y uno de la primera minoría.