La división de poderes y la igualdad ante la ley son pilares para la democracia

La carta de Cristina Fernández de Kirchner en la que cuestionó a la Corte Suprema de Justicia nacional descalificó principios básicos de la Constitución argentina, que hacen al respeto de la vida democrática y republicana en nuestro país que se aplican en las democracias de todo el mundo. Sus expresiones, que incluyeron fuertes críticas al Poder Judicial y al más alto tribunal judicial -y que suscitaron reprobación por parte de juristas de nuestro país y de organismos internacionales de derechos humanos- ponen en duda la esencia de la división de poderes y el principio republicano de igualdad ante la ley.

Está claro que las normas constitucionales deben ser acatadas por todos los habitantes del país, y que esa obligación se convierte en primordial en el caso de que quien las haya vertido ocupe alguna función pública. La condición de Vicepresidenta de la República, así como la de presidenta del Senado nacional –entre otros altos cargos que ejerció en su trayectoria- obligan a la señora Fernández de Kirchner a ser especialmente respetuosa de las leyes y las normas constitucionales vigentes en nuestro país.

Como se sabe, la señora de Kirchner acusó a la Corte de ser la cabeza de lo que ella denomina el “lawfare”, que, de acuerdo a su opinión, vendría a ser una suerte de conjura de numerosos magistrados y medios de comunicación para impulsar en su contra falsas acusaciones por supuesta corrupción. Se trataría de una conspiración que se repetiría en varios países latinoamericanos.

Ignora o pasa por alto el sistema de división de poderes, que rige en nuestro país y cuya esencia se remonta a principios doctrinarios del Derecho de muy antigua data pero vigentes en todos los países desarrollados y respetuosos de las libertades. La señora Fernández de Kirchner sostuvo que “de los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”. Sobre este punto, podría decirse también que sólo un poder, el legislativo, sanciona las leyes y sólo otro poder, el Ejecutivo, se encarga de administrar la cosa pública. ¿Cuál sería entonces la solución institucional para timonear la nave del Estado? ¿Entregar la suma del poder público al Ejecutivo?

Resulta asimismo desalentador, que el Presidente de la República, Alberto Fernández, haya avalado estas expresiones peyorativas de su Vice sobre la Corte y el Poder Judicial. Afirmó el funcionario que “lo que dijo Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien”, aseguró. Y advirtió: “El sistema judicial en la Argentina está funcionando mal”. Por eso, dijo, “comparto mucho de lo que ha planteado Cristina. Es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia”.

La señora Fernández de Kirchner cuenta con las garantías institucionales que aseguran su defensa en juicio. Los magistrados deberán determinar el rumbo de cada causa a través de sus fallos. Si bien es entendible su anhelo por defenderse de las imputaciones, la forma no es a través de permanentes ataques o de reformas “orientadas” de la administración de Justicia. Si bien casi todos los gobiernos anteriores intentaron gravitar sobre el Poder Judicial, ello no justifica que también se lo intente en estos días.

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Con sus imperfecciones conocidas, que merecen ser corregidas, la solución no es ampliar el número de integrantes de la Corte o promover la designación de los jueces por el voto de la ciudadanía criterio que no se aplica en las constituciones de los países democráticos en los que rigen principios básicos como son los de la división de poderes y la igualdad ante la ley, frente a los cuales sólo cabe el acatamiento. Ninguno puede pretender omitirlos y mucho menos que nadie debería hacerlo -o instigar tácitamente a hacerlo- aquel que ejerce las más altas funciones de gobierno. La división de poderes y la igualdad ante la ley son pilares de la vida democrática que deben ser defendidos. El objetivo de la fórmula constitucional aplicada en la Argentina y en todas las naciones respetuosas de los derechos individuales es que una mayoría circunstancial que gane las elecciones se convierta en un poder absoluto con facultades ilimitadas como en los países con regímenes totalitarios.