Acuerdos y desacuerdos del Presidente y la Vice, expuestos a la luz pública

Cristina Kirchner ya lo dejó muy claro. Si fuera por ella, avanzaría lo antes posible con un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. En la carta que publicó durante la semana, detalló las que a su criterio serían las causales de enjuiciamiento y remoción de los magistrados. Sobre todo, apuntó contra Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Lo curioso es que esos dos jueces supremos están enfrentados entre ellos, pero a la Vicepresidenta no parece importarle.

Alberto Fernández no piensa lo mismo que Cristina. Por eso mandó ayer al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a aclarar que él no promoverá el juicio político a los miembros de la Corte. El Presidente sopesa el costo político que tendría para su administración una jugada de tal magnitud institucional y no le cierra la idea de la Vice: descabezar al máximo tribunal provocaría un tembladeral que es lo último que el país necesita para empujar la reactivación económica. La independencia del Poder Judicial fue una bandera de grandes concentraciones populares y una cuestión que los posibles inversores exigen silenciosamente. Colonizar la Justicia con adeptos al Gobierno generaría un rechazo de proporciones de quienes defienden la garantía democrática y el hecho de impedir que la suma del poder público se concentre en los funcionarios políticos.

El Presidente y la Vice se vieron las caras en un encuentro a solas, de quince minutos, previo a un acto que encabezaron en la ex ESMA. Las imágenes posteriores no transmitieron la idea de una reconciliación política entre ambos. Cristina está convencida de que la Corte es la responsable de la articulación del “lawfare” y que además podría avanzar con fallos de “neto corte económico” para hacer “fracasar” al Gobierno. Así, sumó un argumento frente a la actitud reacia de Alberto.

Más claro no lo pudo haber dicho: para Cristina, Alberto se queda corto en sus críticas al Poder Judicial. Por eso recordó que el ex presidente Néstor Kirchner –de quien Fernández fue jefe de Gabinete- impulsó el juicio político contra la “mayoría automática” menemista pese a que llegó al poder con el 22% de los votos en 2003. Para la Vice, que el oficialismo no cuente con dos tercios de los diputados para iniciar el juicio a los cortesanos, es una excusa antes que un obstáculo.

Pero la realidad política actual no se asemeja a la de la salida de la crisis de 2001-2. En aquel momento, el kirchnerismo tuvo el acuerdo del radicalismo, que quería eliminar la última rémora del menemismo, instalada en la Corte. Ahora, el Frente de Todos no sólo no cuenta con la UCR sino tampoco, para una jugada de este tipo, con los espacios que tiene de aliados eventuales en el Congreso. Pesan mucho las causas judiciales contra la Vice y casos como el de Amado Boudou.

EL ABORTO, A TODA MARCHA

En lo que sí están de acuerdo el Presidente y la Vice es en avanzar rápidamente con el intento de sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, Cristina giró el proyecto a tres comisiones del Senado que tienen mayoría “verde”. En ese plenario se debatirá la iniciativa mañana, pasado y el miércoles, en tanto que el jueves se firmaría el dictamen favorable. En veloz trámite, el proyecto llegará al recinto el 29 de diciembre.

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La votación en la Cámara baja dejó un resultado para tener en cuenta: cayeron los rechazos a la legalización del aborto -125 en 2018, contra 117 en 2020- y subieron las abstenciones (de una sola a 6). Este último rubro podría ser la clave para que la votación se empareje en el Senado. La lógica es que cuantas más abstenciones se produzcan, menos volumen tendrá el voto negativo. Uno de los senadores que podría seguir este camino –o ausentarse directamente- es Carlos Menem.

Ya no se trata, en la lógica política que plantea el Gobierno, de dejar a los diputados y senadores que voten con libertad de conciencia. El hecho de que el proyecto haya sido impulsado por el presidente Fernández, implica que el Frente de Todos no quiera exponerse a una derrota en el Congreso. Por ende, la negociación pasará hasta fin de mes con los senadores que naturalmente votarían “celeste” pero que, en esta coyuntura, podrían optar por abstenerse o ausentarse.

El Presidente estuvo a punto de visitar el Congreso en medio de la sesión de la Cámara de Diputados, pero finalmente no lo hizo. En cambio, envió a una tropilla de funcionarios para dejar en claro que la iniciativa es del Poder Ejecutivo. La abultada presencia oficial enojó al bloque de Juntos por el Cambio, especialmente al diputado del PRO Cristian Ritondo, quien intentó aplacar la bronca de su bancada a través de un cruce picante con el presidente del cuerpo, Sergio Massa.

El PRO fue, justamente, el espacio que más votos en contra del aborto sumó en la Cámara baja -42 en 53 bancas-, con lo cual ratificó su vocación de representar al sector de la sociedad que no acuerda prácticamente en nada con la política del Gobierno. El viernes se realizó un encuentro de los dirigentes del partido, en el que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a mostrarse juntos tras el embate que el alcalde porteño sufrió por parte de Alberto Fernández.

APRESTOS ELECTORALES

El partido amarillo está dispuesto a resistir la avanzada del oficialismo para suspender las PASO –las elecciones primarias- de agosto de 2021. Se trata de un movimiento conjunto entre la Casa Rosada y la mayoría de los gobernadores –incluidos dos radicales y varios de fuerzas provinciales- que ya se plasmó en un proyecto de ley del diputado Pablo Yedlin y que se justifica en el ahorro de recursos fiscales para la organización del comicio y en una eventual segunda oleada de COVID-19.

Para que la iniciativa sea viable, el Presidente deberá incluirla en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que se extenderá entre el 3 de enero y el 28 de febrero. Aunque en la Casa Rosada y en las Gobernaciones no lo admitan, lo cierto es que la suspensión de las PASO tiene motivaciones políticas: favorecería a los oficialismos porque la oposición pierde una herramienta para ordenarse; y le daría más tiempo a la eventual recuperación económica.

En el mismo tren electoral, el Senado buscará aprobar antes de fin de año el pliego del juez Alejo Ramos Padilla, actualmente en Dolores, como nuevo responsable del juzgado electoral de La Plata, un cargo clave en la provincia de Buenos Aires, donde se jugará buena parte de la suerte de la coalición gubernamental el año próximo. El juez vio revocado su polémico fallo que ordenaba el procesamiento de un periodista (ver editorial en página 16).

Sobre el territorio bonaerense también se disputa una pulseada subterránea entre Máximo Kirchner y los intendentes que responden al Presidente.

Los jefes comunales, salvo algunas excepciones, resisten el desembarco del jefe de la Cámpora en el máximo sillón del PJ bonaerense, desde donde tendría el control de la lapicera para anotar las candidaturas el año próximo. Esa pelea no llega a mayores porque el presidente Fernández no termina de habilitar el “albertismo”, un espacio propio para balancear el poder con Cristina y también con Massa. El jefe de Estado está más enfocado en terminar un año muy complicado.

Más allá de la ley del aborto, que el Presidente festejaría llegado el caso, lo que realmente desvela a Fernández es conseguir las vacunas contra el COVID-19. Por eso acaba de enviar una delegación a Rusia –la segunda en un mes- para verificar el proceso de producción de la Sputnik V. El objetivo del Gobierno es inmunizar a 10 millones de argentinos entre enero y febrero. No es sólo una cuestión sanitaria: ¿Qué pasaría si los países vecinos empezaran a vacunar antes que aquí?

Fernández ya carga en la mochila con la “cuarentena más larga del mundo”, que si bien posibilitó que en la Argentina no se vivieran las escenas dramáticas que asolaron principalmente a Europa, tampoco impidió que más de 40.000 personas murieran este año a causa del coronavirus, una cifra muy elevada.