El empleo estatal no se achica ante la pandemia y creció 0,7% en el año

En los primeros ocho meses de 2020, en plena cuarentena, mientras el empleo privado formal en la Argentina cayó 5 por ciento y se perdieron 301.000 puestos de trabajo en blanco, la nómina en el conjunto del sector público aumentó 0,7 por ciento, 22.000 más en términos netos (nuevos empleados, menos bajas por distintas causas), en contraste con el esfuerzo que el Gobierno nacional impuso al sector privado al prohibir por decreto los despidos e imponer la doble indemnización y cerrar durante varios meses vastos sectores de actividad, a algunas de cuyas empresas les pagó parte de las remuneraciones del personal hasta un tope de dos salarios mínimos.

Para todo el año, estimó recientemente el abogado laboralista Julián de Diego, pese al “cepo laboral”, como llamó a la suma de doble indemnización y prohibición de despidos, la pérdida de empleo total superó el millón de puestos de trabajo, según Infobae.

El contraste en la evolución del empleo público con el privado es parte de un exhaustivo estudio que el economista Marcelo Capello, del Ieral de la Fundación Mediterránea, presentó en la última reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política.

En buena medida, el exceso de gasto laboral en las provincias se explica porque el grueso de sus ingresos proviene del sistema de coparticipación federal, lo que las exime del trabajo ingrato de recaudar.

Hacia 2017, la cantidad de empleados públicos por habitante en la Argentina era de 51 cada 1.000 habitantes, pero en cinco provincias (Tierra del Fuego, Neuquén, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz), esa relación superaba el centenar. A pedido de Infobae, Capello actualizó el gasto mensual en personal per cápita al primer trimestre de 2020. Allí puede observarse que mientras a nivel país el gasto mensual por habitante para pagar el personal público es de $2.993, en seis provincias (Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa) la erogación supera los $6.000 por habitante por mes. Estas relaciones se explicarían en buena medida porque el grueso de los ingresos provinciales provienen del sistema de coparticipación federal.

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