Sistema de salud: reforma desconocida y mar de dudas

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El año cierra relativamente tranquilo, con una calma macroeconómica razonable. La volatilidad cambiaria se ha estabilizado y el verano no parecería mostrar sobresaltos, pero tampoco perspectivas de recuperación económica. Todo dependerá del comportamiento de las autoridades ante la evolución de la pandemia del COVID-19. Todavía persiste la incertidumbre sobre la disponibilidad de vacunas, si son efectivas y seguras; las restricciones a la movilidad y reuniones y la cooperación o no de la población que en no pocos casos ha relajado marcadamente los cuidados precautorios sobre esta enfermedad.

La evolución del PIB dependerá crucialmente de la liberación, con restricciones parciales, o no, de varios sectores de actividad que siguen rezagados, y del impacto de cambios en precios y regulaciones. Da la impresión que se tratará de postergar lo más que se pueda el ajuste gradual de tarifas y precios regulados cuyo inicio se esperaba para enero. Por otro lado, asoma, según la última disertación de la Vicepresidenta en La Plata, cierta urgencia oficial para reformar el marco regulatorio del sistema de salud.

Como es de esperar, se encendieron luces de alerta en todos los sectores. El discurso oficial y los trascendidos de los últimos días parecieran sugerir desde reformas de obras sociales hasta una eventual modificación del régimen tributario y de las prestaciones. En particular, del Programa Médico Obligatorio que estaría generando a las obras sociales sindicales una pérdida entre $15.000 y $20.000 millones anuales. Pero también entraría en debate la mecánica de financiamiento de prestaciones de alta complejidad. En enero pasado, las obras sociales de los sindicatos iniciaron negociaciones con la actual administración en reclamo de $15.000 millones por prestaciones de alta complejidad, pagadas por las obras sociales pero cuyos reintegros que debió hacer el Fondo Solidario de Redistribución, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud adeudaba desde 2017.

La Vicepresidenta sostuvo que habrá que “repensar todo” el sistema de salud. Diversos trascendidos sostienen que también amerita atención otra frase crítica sobre el hecho de que 3 de cada 10 porteños ocupan los hospitales públicos de la capital federal. ¿Deseo implícito de eliminar o reducir al mínimo el servicio de medicina prepaga? ¿O de modificar su regulación? Llama la atención, por cuanto los nosocomios bajo jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires e incluso nacional, por caso el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, atienden a pacientes que provienen de todas las provincias.

Según la Vicepresidenta “esos hospitales tendrían que estar en otra parte”. Una “solución” no factible, y que forzará a las unidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a rechazar pacientes de otras jurisdicciones, y tal vez incentive a las de las prepagas privadas y a las obras sociales sindicales a hacer lo mismo. El resultado sería un desastre sanitario, difícilmente reparable en la transición hacia una realidad concreta con “hospitales en otra parte”.

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Otro punto básico que también entra en la nebulosa de dudas es si se retornará o no a la emisión de un Decreto como el 1993/2011 que otorgó (hasta enero de 2019) a la Secretaría de Comercio Interior el rol de autoridad competente para autorizar aumentos de cuotas a pagar por los planes de prepagas privadas. ¿La excusa es amagar con una reforma “estructural” para otorgar a alguna entidad ajena al Ministerio de Salud, la potestad de emitir dictámenes vinculantes sobre esas cuotas u otras cuestiones del sector? Nadie lo sabe.

Ciertamente, los prestadores del sector con problemas financieros crónicos tratarán de lograr una reformulación que permita aumentar sus ingresos, vía cuotas específicas a ser retenidas de salarios y jubilaciones. Pero no es claro que ello sea tolerable por pacientes de bajos ingresos y en un contexto inflacionario, en el que recurrentemente los salarios quedan atrasados respecto de las subas de precios de los medicamentos y de las del tipo de cambio, con incidencia directa sobre insumos médicos y el costo de equipamiento de origen importado.

La sugerencia oficial ha generado no poca inquietud e incertidumbre, en particular por la viabilidad de una propuesta propia, por ahora desconocida, y su eventual consagración a partir de una eventual nueva ley, en un año que no se perfila predecible, tanto por los vaivenes en torno del control de la pandemia, como la inexorable marcha hacia las elecciones legislativas de octubre de 2021.

* Economista de la Universidad del Salvador (USAL)