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El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó ayer al ex titular del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, Javier González Fraga, y a los responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, y pidió abrir una investigación por supuestas irregularidades en préstamos otorgados a esa empresa.
“Corresponde orientar la presente investigación en relación al ex titular del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y a quienes fueron sindicados como responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli”, sostuvo el fiscal al imputar en el caso, según el dictamen.
Pollicita aclaró que ello se resuelve “sin perjuicio de la responsabilidad penal que eventualmente les pueda corresponder a otros funcionarios y empleados del Banco Nación, funcionarios de distintos organismos del Estado Nacional e integrantes del grupo Vicentin”.
“Esto está circulando hace varias semanas y yo no le di importancia porque era un disparate. Yo todavía no estoy notificado, tengo entendido que todavía no estoy imputado, sino que simplemente hay una denuncia”, dijo en declaraciones radiales González Fraga, desconociendo cuál era en realidad su situación procesal.
La denuncia a la que se refiere Fraga se formuló a raíz de préstamos multimillonarios otorgados por el banco estatal a la empresa, actualmente declarada en cesación de pagos.
Sin embargo, el ex director del Banco Nación minimizó la situación con el argumento de que la denuncia le “parece que es una operación mediática”, de la que dijo desconocer “las razones”.
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Sin embargo, en la presentación Pollicita sostuvo que “se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A.”.
Esta situación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.
La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.
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