Domiciliaria: ponen la lupa sobre informes de un médico

La corriente de presentaciones por la prisión domiciliaria para los presos más vulnerables a la pandemia, tuvo en las últimas horas una derivación hacia las sospechas del manejo irregular de informes médicos vinculados a algunos casos. En particular, al de uno de los detenidos en la causa de la banda mixta que, según la acusación, lideró el ex juez César Melazo.

El planteo fue realizado por la fiscal penal de La Plata Betina Lacki, quien instruyó la investigación de la presunta asociación ilícita de funcionarios judiciales, policías, ladrones y barras, al apelar el beneficio concedido al ex oficial de la Bonaerense Gustavo Mena, por parte del juez de garantías (Nº 6) Agustín Crispo.

Según pudo saber este diario, la fiscal pidió que se reactive una causa iniciada en 2005 en la Justicia Federal por presuntas irregularidades en la tramitación de recursos de amparo en el Juzgado Federal Nº 4 (entonces a cargo del juez Ricardo Miralles, ya fallecido) contra el denominado “corralito financiero” que trabó el retiro de depósitos en dólares a partir de diciembre de 2001. Esa investigación puso la lupa sobre certificados que emitió el médico Erwin Eduardo Darío Leitner sobre presuntas dolencias físicas de titulares de depósitos en el marco de una estrategia judicial dedicada a obtener la liberación de los fondos. En esa causa también fue investigado el abogado Daniel Mazzochini.

En 2016 ese expediente generó una novedad que lo trascendió: ante un pedido de cierre de las actuaciones por prescripción del delito, la sala II de la Cámara Federal de La Plata (Leopoldo Schiffrin y Olga Calitri) respondió que los delitos por corrupción no prescriben y ordenó profundizar sobre la sospecha de las “sentencias exprés” a medida.

nombres que se repiten

Desde la Justicia Provincial, Lacki se dirigíó al sistema Federal luego de observar que, tanto el abogado como el médico, ahora aparecen vinculados con el pedido por Mena: uno como patrocinante, el otro como profesional que certificó una delicada situación de salud del detenido, que indica mandarlo a la casa.

En esa apelación también mencionó otros cuatro recursos de hábeas corpus en favor de detenidos en la cárcel de Ezeiza donde aparece el mismo médico con certificados que advierten sobre el riesgo de los presos.

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El pedido de morigeración de las condiciones de detención para Mena fue realizado a través de la presentación de un recurso ante el Tribunal de Casación Bonaerense, el mismo que a comienzos de mes le concedió el beneficio a Enrique Petrullo, otro presunto integrante de la banda mixta a quien se le asignaba el rol de supuesto traficante de influencias en los pasillos de Tribunales.

La medida se basó en un certificado del médico de cabecera de Petrullo quien informó sobre un cuadro de tos, un nódulo pulmonar y antecedentes familiares de cáncer. Por todo eso, aconsejó situarlo en el grupo de personas en riesgo.

El mismo tribunal también recibió un pedido del ex juez Melazo, acusado como líder de la banda, pero le ordenó un estudio médico en la asesoría pericial de La Plata. Y a diferencia del caso anterio, luego remitió las actuaciones al Juzgado de Garantías Nº 6 que intervino en la investigación de los delitos por los que se les acusa. Finalmente, se quedó en su celda del penal de Ezeiza por orden del juez Crispo, el mismo que ahora tramita el pedido de Mena.

Según pudo saber este diario, la fiscal puso sobre la mesa la causa por las sentencias exprés tras cuestionar la colocación de Mena en el grupo de riesgo a instancias del informe de Leitner que se basó en la vista de estudios previos que contradicen una serie de intervenciones de médicos del sistema penitenciario, desde que Mena fue detenido, en 2018, hasta los últimos días.

Según el detalle de la presentación de la fiscal, en todos los casos, los profesionales del servicio público de salud no señalan dificultades respiratorias ni el riesgo de vida indicado por el médico propuesto por Mena. La controversia se da alrededor de un diagnóstico que indica la presencia de un tumor en la región nasal.

Según Lacki, sin revisar al preso, el médico llegó a indicar un cuadro de metástasis, tratamiento oncológico y cirugía a cargo de médicos ajenos al sistema penitenciario y el envío a su domicilio como condición clave para mantenerlo vivo. Eso fue a comienzos de marzo. Unos días después el detenido se negó a realizarse una tomografía para constatar ese diagnóstico, sostuvo la fiscal.

En otro orden, Lacki también cuestionó que sea enviado a la casa un detenido acusado por delitos graves, recordando que la Corte Provincial pidió estudiar los casos de delitos leves. Y advirtió que la salida pondrá en peligro el proceso contra la banda mixta, cuya investigación ya está finalizada y aguarda fecha de juicio.