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Una verdadera ola de usurpaciones de lotes particulares, de parcelas privadas y de tierras fiscales recorre la periferia de nuestra ciudad, en una situación ya tratada varias veces en estas columnas pero que ahora recrudeció con nuevas intrusiones. Como bien se sabe, el fenómeno no es espontáneo, sino que responde no sólo a la presencia de organizaciones mafiosas que lucran con esta actividad delictiva, sino, también, a la insólita desidia en que incurren los organismos estatales para impedir estos despojos.
El viernes pasado se registró un nuevo caso, que origino, como siempre, tensión y alerta por el intento de avanzar sobre un terreno ubicado en 159 y 68 bis por parte de unas cincuenta personas que llegaron en forma sorpresiva, cortaron malezas y un grupo de ellos se aprestaba ya a iniciar el loteo.
Lo cierto es que apareció el dueño de las parcelas –cuya superficie es de media hectárea- y con posterioridad lo hicieron cinco patrulleros policiales, sucediéndose a partir de allí los incidentes habituales y la incertidumbre acerca de cómo podría finalizar el episodio. Los vecinos recordaron que, a pocas cuadras de allí, un grupo de personas tomó un predio enmarcado por las calles 155 157, desde 70 a 72, y desde entonces no hubo forma de recuperar el lugar.
También en fecha reciente se concretó la toma de la excelente y amplia superficie de tierra que ocupaba en Arana el Club de Planeadores, mientras persiste la llamada “megatoma” en Los Hornos –considerada la más grande del país, de casi 200 hectáreas- de un predio perimetrado por las calles 76 hasta la 90, desde 141 a 155. Lo mismo ocurre en otras zonas de la periferia, por ejemplo también en Arana donde logró disiparse una usurpación de tierras ante la rápida reacción de los vecinos.
Por su parte, también ayer este diario, dio noticia sobre tres obras particulares que se estaban empezando a desarrollar –sin permisos de ninguna especie- en humedales y zonas protegidas que permiten el escurrimiento del agua de lluvia. Tales emprendimientos fueron clausurados por el Municipio tras realizar operativos de control.
Todo habla, entonces, de un alto grado de ilegitimidad, de la profusión de acciones delictivas que atentan, entre otros derechos, contra el de propiedad privada y de falta total de acatamiento a las pautas urbanísticas que rigen para garantizar un crecimiento armónico de la ciudad. Se ha dicho ya que, dada la magnitud de este fenómeno, se está permitiendo una expansión urbanística caótica, con asentamientos ilícitamente poseídos que carecen, además, de estructuras de servicio para garantizar calidad de vida a los ocupantes.
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Es preciso reiterar que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegidos a estos grupos mafiosos responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de lotes y predios, que luego se ocupan de venderlas en forma fraccionada y a precios muy bajos. Por cierto que a esas personas y organizaciones lo que menos le importa es el problema habitacional de la gente. Van, se apoderan y después lucran, sin importarles el “urbanismo” caótico que dejan. La Ciudad no puede, en modo alguno, tolerar estos desmanes.
Se ha dicho también que los poderes públicos se encuentran en mora frente a las víctimas de este delito, Esa omisión, que constituye un inexcusable agravio a principios básicos de la Constitución y de los normativos, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar las leyes y no lo hacen en tiempo y forma.
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